La competencia desleal y la ocupación del espacio público por parte de la venta ambulante irregular es una preocupación de muchos años y que de manera sostenida ha afectado al tejido empresarial del sur de Tenerife. Distintas voces del sector, especialmente en los últimos meses, vienen alertando de un problema que afecta a la seguridad, la inversión y la experiencia del turista, y que ha llevado a los representantes empresariales a exigir a las administraciones públicas una respuesta coordinada y efectiva.
En este contexto, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha situado este conflicto local como un “problema nacional” durante una entrevista con El Digital Sur en la que se le preguntó por las denuncias de los comerciantes de la zona. Abascal fue contundente al aseverar que la inmigración ilegal es la causante de esta situación de “discriminación” hacia los empresarios que “pagan sus impuestos y cumplen las normas”.
Una solución nacional para un conflicto local
Al ser preguntado sobre el mensaje que dirigiría a estos empresarios, la respuesta de Abascal pivotó sobre una crítica a la política migratoria del Partido Popular y del Partido Socialista —a quienes acusa de regularizar a los inmigrantes ilegales— y un plan de actuación firme por parte de su formación. “¿Qué les puedo decir a esos empresarios? Pues que voten bien, que sepan lo que eligen, porque nosotros vamos a defenderles”, afirmó el líder de Vox.
Así, en su reciente visita a Canarias, explicó el eje de su propuesta: “hacer políticas, hacer cambios legales y a tomar decisiones muy firmes para repatriar a todos los que entran ilegalmente, para deportar también a los legales que cometen delitos. Y para iniciar la re-migración de aquellos legales que se han instalado en España para vivir de las ayudas sociales que hacen falta a los españoles”.
Abascal amplió su argumentario defendiendo que, al igual que en otros “países razonables y serios”, las personas cuyo trabajo se acabe y no encuentren otro “tienen que regresar de vuelta”, y no vivir permanentemente, a partir de entonces, del sistema de ayudas sociales. “En España no hay pan para todos. No hay espacio para todos. En Europa no cabe toda África”, y agregó que, la “caridad bien entendida que empieza por nosotros mismos y nuestro entorno, nuestros familiares, nuestros compatriotas”, matizando que “ojalá en otros lugares del mundo pudieran prosperar y ojalá pudiéramos ayudar a los demás”. Sin embargo, recalcó que “lo razonable es que miremos, en primer lugar, por nuestros intereses”, y concluyó enfatizando: “no es egoísmo, no es insolidaridad. Es puro sentido común”.
Un problema que trasciende lo comercial
La postura de Abascal llega en un momento en el que las asociaciones de empresarios no solo destacan el daño económico por la competencia desleal, sino también el deterioro de la seguridad y la convivencia en los núcleos turísticos. Aunque las fuentes empresariales evitan señalar expresamente a colectivos específicos, describen una situación de “descontrol” que genera “inseguridad” y perjudica la imagen de excelencia que el destino trata de proyectar.
Desde el sector se ha hecho un llamamiento urgente a los ayuntamientos para que sus policías locales garanticen un espacio público “ordenado y libre de actividades ilegales”, una medida que, si bien se ha utilizado en varias ocasiones, no ha sido suficiente para mantener al margen este fenómeno. Por tanto, las pequeñas y medianas empresas han subrayado que la falta de coordinación entre los diferentes cuerpos de seguridad agrava el problema.
Frente a esta demanda de mayor control y aplicación de la normativa local, la propuesta de Abascal eleva la solución a un plano nacional y migratorio. De esta forma, inserta un conflicto local en el debate nacional sobre inmigración y políticas fronterizas, ofreciendo a los empresarios afectados una solución que, según él, pasa directamente por las urnas.
