La propuesta del Gobierno español de limitar el número de licencias de vehículos de turismo con conductor (VTC), que operan a través de plataformas como Uber o Cabify, ha sido rechazada por la Comisión Europea.

Según el organismo comunitario, esta medida constituiría una restricción injustificada a la libre prestación de servicios y a la competencia en el sector del transporte urbano.

La Comisión ha enviado una carta al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, instándole a retirar o modificar la propuesta, que forma parte del anteproyecto de ley de movilidad sostenible y financiación del transporte público.

La Comisión argumenta que la propuesta española no cumple con los principios de proporcionalidad y no discriminación, y que carece de justificación por razones imperiosas de interés general, como la protección del medio ambiente, la seguridad vial o la ordenación del territorio.

Además, la Comisión advierte que la propuesta podría vulnerar el derecho de establecimiento y la libre circulación de capitales, al dificultar el acceso al mercado español de operadores de otros Estados miembros.

Asimismo, señala que esta medida podría tener consecuencias negativas para los consumidores, al reducir la oferta y la calidad de los servicios de transporte, y para los trabajadores del sector, al provocar pérdida de empleos e ingresos.

La reacción del Gobierno español ante esta decisión ha sido de sorpresa y decepción, ya que considera que la propuesta se ajusta al marco jurídico europeo y busca equilibrar los distintos modos de transporte urbano, así como fomentar la transición ecológica y la movilidad sostenible.

El Ministerio de Transportes ha anunciado que continuará el diálogo con la Comisión para defender su posición y buscar una solución satisfactoria para todas las partes involucradas.

“Todas las regiones tendrán que modificar su legislación”

Un profesor de derecho de la Universidad Europea de Madrid señala que “todas las regiones tendrán que modificar su legislación”. Explica que, las críticas del tribunal europeo se dirigen específicamente hacia la situación de monopolio que existe en el sector del taxi, donde se permite una licencia de VTC por cada 30 taxis en ciudades como Barcelona. Por ello, el tribunal sostiene que garantizar la sostenibilidad de los servicios de taxi no puede ser una razón válida para mantener esta proporción.

Por otro lado, Javier Dorado, de Cabify, argumenta que “se estaba legislando en favor de una minoría”.

En respuesta, el sector del taxi afirma que no permitirán más licencias de VTC en las calles. Tito Álvarez, de Elite Taxi, afirma que “las calles pertenecen a los taxistas” y anuncia manifestaciones. Además, se requerirá que todas las ciudades establezcan un número de licencias de VTC proporcional a sus necesidades.

La sentencia europea cuestiona la proporción actual de VTC y taxis, argumentando que favorece un monopolio en el sector del taxi. Esto implica que se requerirán cambios en la legislación de todas las regiones.

El sector del taxi se opone a la entrada de Uber en Canarias y anuncia protestas, mientras que se busca establecer una proporción de licencias VTC más adecuada a las necesidades de cada ciudad.