El Tribunal Supremo ha ordenado al Gobierno que adopte con urgencia medidas específicas para atender a los menores no acompañados que se encuentran en Canarias y que superan el millar, especialmente aquellos interesados en solicitar asilo. En un auto emitido tras la vista celebrada el pasado 29 de mayo, la Sala advierte que, en caso de incumplimiento, se impondrán medidas coercitivas a los responsables de aplicar estas disposiciones.

Los magistrados señalan que existe un “claro incumplimiento” de la medida cautelar dictada el 25 de marzo, ya que en los dos meses posteriores no se ha evaluado a ningún menor ni se ha elaborado una relación completa y precisa de ellos. Además, subrayan el desconocimiento de los derechos que reconoce la legislación sobre protección internacional, en particular para quienes se encuentran en situación de “vulnerabilidad y necesidad”.

El Tribunal insiste en que, “hasta el momento, en claro incumplimiento de la medida cautelar acordada” —son ya dos los requerimientos incumplidos—, la administración del Estado “ni se ha implicado eficazmente en garantizar el acceso de estos menores a las condiciones de acogida que resultan de su competencia, ni ha adoptado medidas eficaces para corregir la masificación en la tramitación de solicitudes, circunstancia que se erige en presupuesto de la anterior”.

En el auto, —para evitar dudas al respecto— el Poder Judicial relaciona el conjunto de derechos que debe ser garantizado a estos menores y que son competencia exclusiva del Estado. “Tales derechos, que no son solo los de contenido material o asistencial atendidos en este momento por la Comunidad Autónoma Canaria, continúan sin ser efectivamente reconocidos a estos menores por parte de la Administración del Estado o no lo están siendo en su extensión debida, a pesar de tratarse de personas en evidente situación de vulnerabilidad y necesidad”, sostiene el texto.

Para corregir esta situación, el auto establece plazos y obligaciones claras para el Gobierno con el fin de garantizar una atención efectiva a los menores no acompañados en Canarias.

En primer lugar, ordena que, “en el plazo improrrogable de 30 días, se dote a las oficinas administrativas encargadas de la tramitación de estas solicitudes de protección internacional de los medios personales y materiales necesarios para que sean formalizadas, tramitadas y resueltas en un plazo razonable, sin que pueda transcurrir más de 6 días entre la manifestación de la voluntad de solicitar la protección internacional y la formalización de la solicitud”.

Asimismo, el Tribunal ordena que “en el plazo improrrogable de 15 días se articule en la forma que resulte más eficaz la colaboración con la Comunidad Autónoma de Canarias mediante la puesta a disposición de la misma de los medios y recursos materiales, personales y económicos necesarios para garantizar el acceso de estos menores al completo sistema material de acogida que deriva de su estatuto de solicitantes de protección internacional, con precisión del calendario de reuniones”.

El auto también obliga a la “identificación de los responsables del cumplimiento de las medidas acordadas en cada uno de los Ministerios afectados, presumiéndose, en otro caso, que serán quienes sean titulares del correspondiente Departamento Ministerial”.

Finalmente, se ordena que “de todo ello deberá darse cuenta detallada a la Sala cada 15 días hasta su completo cumplimiento con advertencia de que se adoptarán las medidas coercitivas previstas en la ley (art. 112 LJCA) en caso de no ser atendido este requerimiento”.