El Pleno del Senado ha aprobado este miércoles 5 de octubre por 128 votos a favor, 113 en contra y 18 abstenciones la Ley de Memoria Democrática, que ensancha los derechos de las víctimas de la guerra civil y el franquismo.

Tras superar los vetos de la derecha y más de 500 enmiendas en la Cámara Alta, la norma que sale adelante definitivamente fija el derecho de las víctimas a conocer la verdad, a acceder a la justicia y la reparación, y a que mediante la memoria se les garantice la no repetición de los hechos sufridos.

En el debate, ha intervenido, entre otros, el senador autonómico de Canarias Santiago Pérez.

En el turno de enmiendas, Santiago Pérez ha criticado “la lección magistral de tergiversación de los hechos” que ha dado la derecha en el Senado, y ha expresado su admiración a las asociaciones memorialistas –presentes en el pleno de hoy- y su “devoción hacia las personas cuya memoria ellas han conservado”.

Tras recordar que la ley de amnistía de 1977 no impide que los delitos de lesa humanidad puedan ser perseguidos “pues son imprescriptibles”, Pérez ha recordado su propia detención durante el 23-F: “Nos llamaban terroristas por escribir pancartas con No al golpe”, ha indicado, “el franquismo no era sólo el general, era una estructura de poder para perpetuar la dictadura que seguía intacta”.

Condena expresa al golpe del 36

La ley, que entrará en vigor inmediatamente tras su publicación en el BOE, prevé medidas para la recuperación, salvaguarda y difusión de la Memoria Democrática, con énfasis en la reivindicación de los valores democráticos y la historia de cómo se conquistaron y ejercieron los derechos y libertades fundamentales.

Además, y por primera vez, se condena de manera expresa el golpe militar de julio de 1936 y la dictadura franquista.

Con esta norma se hace un reconocimiento de las personas que padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura hasta la promulgación de la Constitución de 1978 y se homenajea a todas las víctimas de la contienda.

Con ello, se abre una “hoja de ruta” en palabras del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, “una ley para el reencuentro, con la que seremos una España mejor, una España más digna, una España más humanitaria. Una España donde la verdad prevalezca y las mentiras se olviden pronto”, ha concluido.

La ley se fundamenta en los derechos humanos y en los principios fundamentales del derecho internacional humanitario (verdad, justicia, reparación y deber de memoria) y da respuesta a las recomendaciones de los organismos internacionales, como Naciones Unidas. Amplía el alcance y objetivos de la ley de Memoria Histórica de 2007.

Derecho a la verdad

Entre las novedades más significativas, la ley de Memoria Democrática declara el derecho de los familiares y la sociedad a conocer la verdad de lo ocurrido.

El Estado asume el liderazgo en la búsqueda e identificación de desaparecidos y el impulso de las exhumaciones, y establece la elaboración de un censo de todas las víctimas de la guerra y la dictadura.

Garantiza la preservación de documentos y el acceso a los archivos, y contempla la creación de un banco nacional de ADN de víctimas de la guerra y de la dictadura. Reconoce de forma explícita el papel del movimiento memorialista y crea una estructura estable de participación a través del Consejo de la Memoria Democrática.

En cuanto a las medidas de justicia y reparación, la nueva norma declara la ilegalidad de los tribunales franquistas de excepción y la nulidad de sus sentencias, y pone en el centro de la acción pública a las víctimas. Esta declaración de nulidad dará lugar al derecho a obtener una declaración de reconocimiento y reparación personal.

Declara asimismo el derecho a la investigación de las violaciones de derechos humanos de la guerra y la dictadura hasta la promulgación de la Constitución de 1978, e impulsa la creación de una Fiscalía de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática en la Fiscalía General del Estado como instrumento de la investigación.

Prevé también crear un inventario de bienes incautados y sanciones económicas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, y se incluyen dos nuevos supuestos de adquisición de la nacionalidad española para hijos e hijas, nacidos en el exterior, de españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de 1978, y para los hijos e hijas mayores de edad de españoles a quienes les fue reconocida la nacionalidad de origen en virtud del derecho de opción.

Reconocer el papel de las mujeres

La memoria de lo ocurrido aparecerá en las enseñanzas de ESO y Bachillerato, y se fomentará la investigación en la materia. Se reconoce expresamente el papel desempeñado por las mujeres en su lucha por la conquista de derechos y libertades que ocupan un lugar transversal y singular a lo largo de la norma.

También establece la obligación de retirar vestigios franquistas, dispone la extinción de fundaciones que hagan apología del franquismo o actividades que supongan menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas. El incumplimiento de la ley se sancionará con multas que van desde los 200 a los 150.000 euros.

Se fijarán dos días de conmemoración: el 31 de octubre, en memoria de todas las víctimas, y el 8 de mayo, en recuerdo y homenaje a las víctimas del exilio.

Finalmente, incluye una regulación exhaustiva de los supuestos contrarios a la memoria democrática, avanza en lo relativo al patrimonio documental, regula los lugares de memoria y modifica el régimen jurídico del conjunto del Valle de los Caídos, que volverá a llamarse como originalmente, Cuelgamuros, como paso previo a su resignificación.