El coordinador general del Partido Popular de Canarias, Jacob Qadri, ha denunciado la situación actual de más de 1.200 menores con derecho a asilo acogidos en Canarias, y ha asegurado que el Gobierno de España lleva más de 70 días sin cumplir la orden del Tribunal Supremo que exige al Estado asumir la atención de estos menores desde el pasado 25 de marzo.
“Ya son más de 70 días en los que el Gobierno de Pedro Sánchez y Ángel Víctor Torres se han estado riendo y burlando de la Justicia, del Gobierno de Canarias y de toda la población del Archipiélago”, afirmó Qadri, quien considera que el Ejecutivo central ha ignorado de forma reiterada el mandato judicial. “El Supremo ha tenido que dictar hoy un nuevo auto en el que impone plazos improrrogables y amenaza a este Gobierno hipócrita, insolidario y trilero con medidas coercitivas si siguen tomándole el pelo a la justicia y a Canarias”.
El dirigente popular sostiene que “el Tribunal Supremo está defendiendo los derechos de Canarias y de todos los canarios, frente a algunos silencios cómplices. Hoy ha emitido un nuevo auto en el que ordena al Gobierno español la urgente adopción de medidas con estos menores no acompañados y advierte, además, de multas y posibles responsabilidades penales en el caso de que continúe este vergonzoso incumplimiento”.
Según Qadri, el alto tribunal ha dejado constancia de “la mala fe y la inacción del Gobierno de España”. En su opinión, “mientras el ministro Ángel Víctor Torres va dando lecciones de solidaridad a todo el mundo, su Gobierno bloquea de forma sistemática el cumplimiento de las órdenes judiciales con excusas, dilaciones y maniobras que en Canarias deberían indignar a todas las fuerzas políticas y a la sociedad en su conjunto”.
“Es hora de quitarle la careta a los hipócritas. Se ha constatado el claro incumplimiento de la medida cautelar acordada el 25 de marzo al no haberse evaluado a ningún menor en los más de dos meses transcurridos, ni elaborado ni siquiera una relación completa y precisa por parte del Gobierno de España. No les interesa porque, simplemente, quieren dejar tirada a esta tierra”, añadió.
Qadri también denuncia que “después de dos los requerimientos judiciales incumplidos, el Gobierno de Sánchez y Torres se ha negado garantizar el acceso de estos menores al sistema nacional de acogida que es su competencia, y no ha adoptado medidas eficaces para corregir la masificación en la tramitación de solicitudes, que se siguen retrasando de forma interesada”.
En el nuevo auto emitido por el Supremo, se fija un plazo improrrogable de 15 días para que el Gobierno de España proporcione al Ejecutivo canario “todos los medios y recursos materiales, personales y económicos necesarios para garantizar el acceso de estos menores al completo sistema nacional de acogida que deriva de su estatuto de solicitantes de protección internacional”. También ordena “identificar a los responsables del cumplimiento de las medidas acordadas en cada uno de los ministerios afectados” y advierte de la posible aplicación de “medidas coercitivas como multas e, incluso, la exigencia de responsabilidades penales en el caso de que persistan los incumplimientos”.
Asimismo, el Tribunal da un plazo improrrogable de 30 días para reforzar las oficinas administrativas encargadas de tramitar las solicitudes de protección internacional. El objetivo es que “sean formalizadas, tramitadas y resueltas en un plazo razonable, sin que pueda transcurrir más de 6 días entre la manifestación de la voluntad de solicitar la protección internacional y la formalización de la solicitud”.
Qadri concluye que esta exigencia judicial busca poner fin a “las maniobras dilatorias del Gobierno de España, que retrasa la atención y el reconocimiento de los menores con derecho a asilo mientras comparte falsos mensajes de solidaridad y acogida”.
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