Durante la Comisión de Transportes del Senado celebrada la semana pasada, los senadores canarios del Partido Popular, Rosa Viera, Emilio Navarro y Jaime Morales, expresaron su desacuerdo con el rechazo del Partido Socialista a varias enmiendas relacionadas con la conectividad aérea y la equidad territorial para las Islas Canarias y otros territorios extrapeninsulares.

Estas propuestas formaban parte de la tramitación del Proyecto de Ley de Navegación Aérea y Seguridad Aérea, que actualiza la normativa vigente desde 1960. Entre las enmiendas rechazadas por el PSOE se encontraba la suma de una partida presupuestaria de 1.200 millones de euros para financiar un descuento del 75 % en los billetes de avión para residentes, una medida que el PP considera “vital para garantizar la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos de las regiones no peninsulares y los del resto del territorio nacional”.

Otra de las enmiendas planteaba la participación activa de los consejeros de los cabildos insulares en la elaboración del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) —instrumento estratégico mediante el cual se definen las inversiones y estándares de calidad de los aeropuertos—, con el objetivo de “introducir una mayor representatividad territorial y transparencia en la toma de decisiones que afectan directamente a las infraestructuras aeroportuarias en las Islas”.

Aunque la Mesa del Senado permitió el debate de estas propuestas, el PSOE mantuvo su rechazo, una postura que ya había mostrado en la fase de tramitación en el Congreso de los Diputados. Los senadores del PP interpretan esta decisión como “una falta de voluntad política y un claro desinterés por los problemas reales de conectividad que sufren millones de españoles que no viven en la Península”.

La senadora Rosa Viera señaló que “el Partido Socialista ha votado en contra no solo de una ayuda económica directa que es imprescindible para muchas familias canarias, sino también de una propuesta que buscaba dar voz a los representantes insulares en la planificación aeroportuaria. Esto es un doble rechazo: al bolsillo de los ciudadanos y a su capacidad de participación en decisiones que les afectan”.

Los senadores populares afirmaron que continuarán defendiendo los derechos de los territorios no peninsulares y denunciando “cualquier intento de marginación o discriminación institucional por parte del Gobierno central”. En sus palabras, “la movilidad es un derecho básico y una herramienta de cohesión territorial. No se puede seguir legislando desde Madrid ignorando las particularidades de Canarias, Baleares, Ceuta o Melilla. Nuestro compromiso es claro: luchar por una financiación justa, una conectividad real y una representación efectiva en todas las decisiones que nos afectan”.