El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó la semana pasada un “Plan de Choque” contra la corrupción que incluye quince medidas dirigidas a fortalecer la transparencia y combatir los delitos contra la Administración Pública. Entre las acciones previstas destacan la creación de juzgados especializados, el fortalecimiento de la Fiscalía Anticorrupción y el endurecimiento de las sanciones para empresas involucradas en prácticas corruptas.

Felipe García Hernández, socio director de Círculo Legal y vocal de la Junta Directiva Internacional de la World Compliance Association, considera que este plan implica “una nueva vuelta de tuerca contra el empresario”, ya que concentra gran parte del esfuerzo en incrementar los controles y responsabilidades sobre las compañías privadas. En sus palabras, “el gran damnificado vuelve a ser el empresario, que se enfrenta a más obligaciones, mayores sanciones y un incremento de la carga regulatoria”.

Entre las medidas que más inquietan a García Hernández se encuentran el aumento de penas, la elevación de multas calculadas ahora en función de los ingresos anuales y la inclusión de empresas en listas negras que podrían impedirles acceder a contratos públicos. “Esto incrementa el riesgo de deslocalización, como ya ocurrió con Ferrovial, que decidió abandonar España para evitar la creciente burocracia y la inseguridad jurídica”, señala el experto.

Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 de Transparency International, España obtuvo una puntuación de 56 sobre 100, por debajo de la media europea. Para García Hernández, “la Administración debería liderar con el ejemplo, incorporando figuras de compliance officer en sus propios órganos y mejorando la transparencia real, no solo en papel”.

El plan también prevé la creación de juzgados especializados y la atribución de la instrucción penal al Ministerio Fiscal, una medida que el experto califica como arriesgada: “La Fiscalía atraviesa una crisis reputacional importante y este cambio puede generar dudas sobre la independencia y eficacia del proceso”.

García Hernández critica también la falta de avance efectivo en la Autoridad Independiente de Protección al Informante y la ausencia de medidas concretas en materia de contratación pública. “Es otra oportunidad perdida para implantar controles internos efectivos en la Administración y fortalecer la protección a los denunciantes”, afirma.

Por último, el relanzamiento del Portal de Transparencia y el aumento de controles patrimoniales a altos cargos y partidos políticos, según García Hernández, pueden quedarse en un mero “compliance cosmético”, sin una aplicación práctica real.

“Estamos ante medidas que suenan bien sobre el papel, pero que refuerzan la sensación de que se penaliza al empresariado mientras la raíz del problema permanece intacta”, concluye Felipe García Hernández.