La investigación comenzó gracias al testimonio de un migrante quién indicó que partió en patera desde Tánger junto a 12 personas y, a cierta distancia de la costa española, fueron obligados a hinchar una barca de goma hasta arribar en una playa cercana a Tarifa.

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada, presuntamente, a la captación en Marruecos de personas para su tráfico a través de pateras hasta España. Una vez en nuestro país eran alojados en domicilios “seguros” de la red, y previo pago por parte de familiares de 1000 euros, eran distribuidos a diferentes zonas de la geografía española y europea. En la operación han sido liberados dos menores de edad y han sido detenidas once personas -8 en San Pablo de Buceite, Cádiz; 1 en Algeciras, Cádiz; 1 en Torrelavega, Cantábria y 1 en Marbella, Málaga- ingresando siete de ellas en prisión preventiva.

Denuncia de un migrante

La investigación se inició en Pamplona, tras tener conocimiento del testimonio de un migrante quien denunció que, el pasado año y junto con otras 12 personas, partió desde Tánger en patera hasta España. A cierta distancia de la costa española, tuvieron que hinchar una barca de goma para arribar a una playa en la localidad gaditana de Tarifa. Una vez en nuestro país el migrante declaró    que fue recogido por dos hermanos marroquíes, considerados los principales miembros de la organización en España, y trasladado en vehículos hasta una finca. En ella pasaron varios días bajo la custodia de la red y, una vez recibido de los familiares de las víctimas el segundo de los pagos por el viaje (1000€), fue trasladado a una estación de autobús donde se le facilitó un billete de trasporte.

Tras diversas gestiones, los agentes comprobaron que la red captaba tanto a mayores como a menores de edad, todos ellos procedentes de Marruecos, a cuyos familiares solicitaban el pago de ciertas cantidades económicas para llevar a cabo los traslados, un importe que oscilaba entre los 3.500 y los 6.500 euros. En Tánger, ciudad donde eran conducidos los inmigrantes desde otras zonas de Marruecos, permanecían en casas a la espera del cruce hasta las costas españolas, normalmente a Cádiz y Algeciras en embarcaciones tipo patera sin condiciones de seguridad.

Los investigados tenían pleno conocimiento de la llegada de las pateras procedentes de Marruecos a las costas españolas, información a la que accedían gracias a los contactos que mantenían con los miembros de la organización asentada en el país de origen. Una vez en nuestro país, los migrantes eran recogidos directamente en vehículos y trasladados a fincas y pisos “seguros” donde permanecían privados de libertad hasta que recibían un segundo pago, que solía ser de 1.000 euros. Una vez abonada la cantidad por los familiares los traficados ya podían partir en autobús hacia diferentes lugares de España y el extranjero, siendo acreditados por parte de los investigadores viajes a Barcelona, Bilbao y Francia. La organización era quien les conseguía el billete y les acercaba hasta la estación de autobús, además de facilitarles ropa adecuada y un teléfono móvil.

Medio centenar de traficados

Una vez analizada toda la información, los agentes establecieron el correspondiente dispositivo y arrestaron a 11 personas en la localidad gaditana de San Pablo de Buceite (8), Algeciras (1), Torrelavega (1) y Marbella (1), ingresando siete de ellos en prisión preventiva. Además se realizaron cuatro registros en domicilios de San Pablo de Buicete, Cádiz, (2) y San Luis de Sabinillas, Málaga, (2), logrando la liberación de dos menores en una de las viviendas de la localidad gaditana.

Según los investigadores, la red desmantelada ha traficado con medio centenar de inmigrantes de origen marroquí, varios de ellos menores de edad. Los agentes han detectado que la organización también se dedicaba a recoger menores extranjeros no acompañados, tras aleccionarnos e inducirlos para que se fugasen de los diferentes centros de menores en los que se encontraban. Primero los llevaban a un domicilio en el que eran controlados y retenidos hasta que se materializaban los pagos requeridos, bajo a amenazas que afectaban a su integridad física y a una posible localización policial y devolución a Marruecos.