Han sido detenidas 6 personas y se han esclarecido 265 delitos de estafa, amenazas, extorsiones, falsedad documental y usurpación del estado civil cometidos en 21 provincias.

La organización contaba con al menos 11 páginas web desde las que cometían las estafas y una intrincada organización financiera con la que conseguían blanquear las ganancias en el extranjero.

Se estima que la cantidad estafada podría ascender a unos 100.000 euros

La Guardia Civil en el marco de la operación “Hontecilla” ha desarticulado una organización criminal responsable de 265 delitos de estafa, amenazas, extorsiones, falsedad documental, usurpación del estado civil y blanqueo de capitales. Han sido detenidas 6 personas de nacionalidad Moldava y realizados 3 registros en las localidades de Salou y Reus (Tarragona) y en San Adría del Besos (Barcelona), en los que han sido incautados gran cantidad de documentos de todo tipo falsificados, más de 100 tarjetas SIM, una veintena de teléfonos móviles de última generación, dispositivos de almacenamiento de datos, una cartera de gestión de cryptomonedas, tarjetas de crédito/débito falsas (la mayoría de ellas de las denominadas black, esto es sin límite de gasto o con un límite muy elevado), instrumentos para la elaboración de documentación falsa, 19.000 euros en efectivo y un vehículo de alta gama.

La organización aprovechaba el estado de  necesidad de la población de obtener mascarillas y otros productos sanitarios por la crisis sanitaria del COVID-19 para estafar a particulares, ayuntamientos, asociaciones, empresas, farmacias y ortopedias.

Esclarecidos 265 delitos cometidos por esta organización

Con la desarticulación de esta organización la Guardia Civil ha logrado esclarecer 265 delitos de los cuales:

81 delitos de estafa relacionados con compra de material sanitario-mascarillas cometidos en las provincias de Murcia, Guadalajara, Valencia, Huesca, Cádiz, Alicante, Madrid, Sevilla, Toledo, Vizcaya, Barcelona, Jaén, Zaragoza y Huelva.

41 delitos de estafa relacionados compra de  de terminales móviles en las provincias de Cáceres y Alicante.

13 delitos de estafa relacionados con la compra de patinetes eléctricos cometidos en las provincias de Huelva y de Alicante.

4 estafas por phishing en las provincias de Salamanca, Castellón y en las Comunidades Autónomas de Madrid y de Asturias.

25 estafas relacionadas con la venta de relojes en las provincias de Toledo, Zaragoza, Valencia y Pontevedra.

17 delitos de amenazas y extorsiones en las provincias de Albacete, Vizcaya y Valladolid.

También se les imputa un delito de blanqueo de capitales, 34 delitos de usurpación de estado civil y más de 50 delitos de falsedad documental.

Los investigadores estiman que la cantidad estafada por esta organización criminal podría ascender a unos 100.000 euros.

Denuncia presentada por un Ayuntamiento

El pasado abril la Guardia Civil inició las investigaciones tras la denuncia presentada por un Ayuntamiento de una localidad de la provincia de Guadalajara en la que tras realizar una  compra a través de una página web de 600 mascarillas FPP 1 por un importe de cerca de 800 euros que nunca llegó a recibir.

Los agentes centraron sus pesquisas en el estudio de la página web y teléfono móvil de contacto utilizado por los estafadores y en el rastreo de la cuenta corriente facilitada por los autores del hechos, llegando a la conclusión de que esta formaba parte de un entramado de cuentas corrientes abiertas en distintas entidades bancarias de distintas partes del territorio nacional.

Esta organización criminal estaba altamente especializada y estructurada y  diversificaba su actividad para obtener dinero de manera fraudulenta mediante la creación de un entramado de cuentas corrientes en España utilizando identidades usurpadas y otra veces falsas, derivando parte del dinero obtenido a otras cuentas abiertas en el extranjero (Alemania, Lituania, Holanda y Bélgica) con la finalidad de “blanquearlo”, operando desde el año 2019 y utilizando como “base de operaciones” las provincias de Tarragona y Barcelona.

La operación ha sido coordinada por el Juzgado de Instrucción de Molina de Aragón, y desarrollada por agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara, la misma continúa abierta y no se descarta la imputación de más delitos y detenidos en función del estudio de la documentación intervenida.