Con motivo del incesante aumento de la incidencia de ocupación en los últimos meses, y como consecuencia de las innumerables movilizaciones y actos de protesta convocados a lo largo de todo el territorio nacional, están siendo cada vez más numerosos los ayuntamientos, gobiernos autonómicos e instituciones judiciales que han promovido medidas encaminadas a intentar paliar esta lacra.
Con independencia de la voluntad política que pueda estar detrás de las diferentes medidas que estamos conociendo, resulta evidente que todas estas iniciativas no son sino el reflejo de un desesperado clamor popular, emitido desde las instituciones más cercanas a los ciudadanos, para que el poder legislativo, y en particular, el ejecutivo, cojan de una vez por todas el toro por los cuernos y pongan encima de la mesa un Proyecto de Ley que acabe definitivamente con este drama.
En efecto, la ausencia de una legislación que proteja sin ambages los derechos de los propietarios está generando un efecto llamada sin precedentes que ha disparado exponencialmente la comisión de este delito, dando lugar a movilizaciones de toda índole y generando medidas dispares, descoordinadas y vacías de contenido desde diferentes instituciones locales, autonómicas o judiciales, que no ofrecen soluciones reales a los afectados por la ocupación porque nacen de órganos cuyas competencias están limitadas por sus estatutos autonómicos o locales, y por normativas de rango superior que protegen los intereses delictivos de los ocupantes.
En román paladino, los teléfonos locales o autonómicos de oficinas contra la ocupación de Zaragoza o Madrid, los servicios de asesoramiento y asistencia gratuita a los afectados por la ocupación, los protocolos antiocupación de Castilla-La Mancha, la persecución penal a la ocupación por parte del ayuntamiento de Cáceres, las PNL´s antiocupación propuestas en los diferentes parlamentos autonómicos, las peticiones de mayor presencia policial para coger in fraganti a los okupas, o las instrucciones de la Fiscalía Superior de Baleares a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para intervenir contra la ocupación sin necesidad de actuaciones judiciales previas, no han sido más que un maremágnum de parches sin pegamento a una burbuja que ha terminado de estallar, haciendo añicos los derechos más elementales de los propietarios de las viviendas y de sus vecinos, y llevándose por delante la convivencia y la paz social de millones de españoles. Parches que nacen de la inoperancia de los poderes legislativo y ejecutivo, incapaces de engendrar una norma eficaz. Parches que, además de generar un gasto público ingente e inútil, nos conducen, una vez más, a la desigualdad territorial y la falta de uniformidad en función de qué ayuntamiento, gobierno autonómico o fiscalía nos toque. Parches tan infames y paradigmáticos de la contradicción como el propuesto por la Comunidad de Madrid, que incluso llega contemplar la concesión de una vivienda social al propietario de una vivienda ocupada. El mundo al revés. La Ley, al servicio del delincuente.
No se nos puede llenar la boca proponiendo aumentar el parque de viviendas sociales cuando una gran parte de ellas están ocupadas y destrozadas, con los verdaderos vulnerables viviendo en casa de su padres. No podemos alardear de pretender regularizar el precio del alquiler escudándonos espuriamente en el derecho a una vivienda digna, existiendo comarcas enteras sin oferta de alquiler por tener cientos de viviendas ocupadas, cuando cualquier gestor del tres al cuarto sabe perfectamente que el aumento de la oferta regula los precios de forma automática.
Se acabó el tiempo de los parches. Llueve sobre mojado. Se acabaron las dilaciones, las excusas y los decretos antidesahucios que sin el menor rubor dan cobertura a la ocupación haciendo tabla rasa entre los pocos vulnerables y los muchísimos delincuentes narco- okupas, y abandonan a su suerte a los vecinos afectados al permitir la ocupación de las viviendas de los grandes tenedores. No más medidas populistas y electoralistas que en nombre de una falsa vulnerabilidad agudizan y eternizan el problema a costa de las arcas del Estado.
Lo único que hace falta es que nuestros representantes en la Cámara Baja, que es el único órgano con las competencias suficientes para dar solución a este problema, den un paso al frente y pongan un Proyecto de Ley encima de la mesa el día 1 de septiembre, que vea la luz en el BOE antes de Navidad, y que ponga fin al vía crucis sufrido por las víctimas directas o indirectas de cualquier forma de ocupación, ya sea usurpación, allanamiento o inquiocupación, que introduzca medios fiables para detectar y despervertir la vulnerabilidad social, y que actúe sin rodeos contra este delito con independencia de la titularidad de los propietarios, al ser los vecinos víctimas silenciadas y cotidianas de destrozos, vandalismo, inseguridad, insalubridad y, en definitiva, indignidad.
Para finalizar, la Plataforma de Afectados por la Ocupación “Leyantiocupas” anuncia concentraciones, movilizaciones y todo tipo de medidas de presión en las calles a la vuelta del verano, que mantendrá hasta que el Boletin Oficial del Estado publique una Ley que restituya los derechos esenciales a las verdaderas víctimas de la ocupación: Los Propietarios.
