El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes en Madrid la aprobación de un Real Decreto-ley por parte del Consejo de Ministros que destinará 2.218 millones de euros adicionales al sistema nacional de atención a la dependencia. Durante su intervención en un encuentro sobre políticas de apoyo a la discapacidad, el jefe del Ejecutivo ha enmarcado esta partida, descrita como la mayor en la historia democrática en este ámbito, dentro de una estrategia que persigue tres objetivos fundamentales: reducir las listas de espera, garantizar una mejor atención y dignificar las condiciones laborales de los cuidadores.

La nueva normativa se traduce de forma inmediata en un incremento de las cuantías mínimas que perciben las Comunidades Autónomas, administraciones que ostentan las competencias en la gestión del sistema. Según los detalles facilitados, la aportación estatal se duplicará para garantizar la atención de las personas diagnosticadas con un Grado II de dependencia, mientras que los fondos destinados a quienes tienen reconocido un Grado III aumentarán en más del doble. El decreto también mantiene el Grado III+, una categoría creada hace menos de un año para dar cobertura a pacientes en situaciones de extrema dificultad, como los afectados por la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). El Gobierno estima que estas modificaciones repercutirán en las condiciones de vida de más de 1,6 millones de personas dependientes y de sus familias.

A nivel macroeconómico, la inyección de estos fondos pretende avanzar hacia el cumplimiento de uno de los compromisos adquiridos en el debate de investidura de la actual legislatura: conseguir que la Administración General del Estado financie el 50% del total del sistema de dependencia. Las previsiones del Ejecutivo contemplan que la aportación del Estado siga una senda ascendente hasta superar la cifra de los 7.200 millones de euros en el año 2027. De este modo, Sánchez ha asegurado que este año se culminará una de las transformaciones más profundas que ha experimentado el sistema de dependencia desde su creación original en el año 2006.

Para contextualizar el impacto de la medida, el presidente ha aportado un balance comparativo de los fondos estatales. Según sus cifras, la inversión actual casi multiplica por cinco la financiación existente en el momento de su llegada al Ejecutivo en 2018. En concreto, ha destacado que la aportación del Estado pasará de los poco más de 1.300 millones de euros que se consignaban a triplicar esa cantidad, rozando los 3.800 millones de euros previstos para el ejercicio 2025.

El anuncio también ha contado con un marcado perfil político, en el que el jefe del Ejecutivo ha contrastado su labor con las políticas de austeridad aplicadas previamente por el Partido Popular. Sánchez ha acusado a los gobiernos populares de mantener el presupuesto estatal “estancado en mínimos históricos” entre los años 2012 y 2020, lo que a su juicio provocó un desmantelamiento y abandono casi total del sistema que ahora el actual Gobierno ha tenido que reconstruir y fortalecer.

Finalmente, el presidente ha aprovechado la presentación de las nuevas ayudas para lanzar un mensaje sobre la estabilidad y los propósitos de su gabinete ante la actual coyuntura política. Frente a quienes cuestionan la viabilidad de la legislatura, Sánchez ha defendido la continuidad de su mandato afirmando que es precisamente la aprobación de este tipo de medidas sociales lo que justifica seguir adelante “pese a todas las dificultades y piedras en el camino”. El objetivo, ha concluido, es consolidar derechos, mejorar la vida de los ciudadanos y construir un país más justo sin dejar a nadie atrás.