El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha remitido una comunicación formal a la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid para recordar la obligatoriedad legal de tutelar a los menores migrantes derivados desde los principales puntos de llegada en España. En su misiva, Torres responde a las reticencias del Ejecutivo madrileño argumentando que el mecanismo de derivación establecido por el Real Decreto-ley 2/2025 permanece plenamente activo, dado que la situación de contingencia migratoria en Canarias, Ceuta y Melilla no ha finalizado.
Según explica el ministro, aunque el sistema de traslados ha logrado reducir el hacinamiento en los territorios de origen, la presión migratoria actual todavía triplica la capacidad ordinaria de acogida de dichas zonas. Por este motivo, Torres defiende que el sistema de reubicación previsto en la normativa estatal “debe seguir aplicándose”. El también presidente de la Comisión Interministerial de Inmigración califica esta herramienta como un avance necesario para la gestión del fenómeno migratorio. “Es un hito histórico que llevan reclamando las comunidades que más presión migratoria padecen”, afirma el ministro, quien además añade que la implementación del decreto se ha desarrollado con “absoluta normalidad y, al contrario de lo que auguraban algunos, se está llevando a cabo sin que se hayan producido alteraciones de la convivencia”.
La tensión institucional entre ambas administraciones se ha visto reflejada en la paralización de traslados concretos. El pasado 26 de marzo se suspendió la llegada de siete menores procedentes de Ceuta tras las alegaciones presentadas por la Comunidad de Madrid, que sostenía que el procedimiento no era procedente. Sin embargo, el Gobierno central se apoya en el criterio del Ministerio Público para rebatir esta postura. El ministro detalla que la sección de menores de la Fiscalía Provincial de Madrid emitió un decreto el 27 de marzo en el que concluye que las resoluciones de reubicación son actos administrativos válidos y ejecutivos, señalando que no existían motivos para su suspensión. Ante este dictamen, Torres subraya a la administración regional que las derivaciones “cuentan con respaldo jurídico y deben ejecutarse conforme a lo establecido por la ley”.
En el plano político, el titular de Política Territorial ha cuestionado la coherencia de la postura madrileña dentro del marco de su propia formación. Torres recuerda que la Comunidad de Madrid comparte siglas con los ejecutivos de Ceuta y Melilla, y con el partido que cogobierna en Canarias. En este sentido, el ministro manifiesta que “los compañeros de Díaz Ayuso que gobiernan en esos territorios en contingencia deberían exigir explicaciones a la Comunidad de Madrid sobre su negativa y por qué pone tantos impedimentos a un sistema que está permitiendo aliviar el hacinamiento”.
Finalmente, el Gobierno central insiste en que las actuaciones buscan garantizar la seguridad jurídica de las partes implicadas y el interés superior del menor, apelando a la lealtad institucional que, según el ministro, sí han mantenido la mayoría de las comunidades autónomas para facilitar una respuesta solidaria ante una situación de carácter extraordinario.
