Las cuentas públicas contemplan el mayor gasto social de la historia para reforzar el Estado del Bienestar: 240.375 millones de euros (el 59,8% del Presupuesto nacional), importe que alcanza los 248.391 millones si se suman los fondos europeos.
Los PGE recogen inversiones por más de 40.000 millones de euros, una cifra sin precedentes que servirá como locomotora del crecimiento económico y de la transformación productiva del país.
Los Presupuestos incorporan los 27.633 millones de euros de los fondos de la Unión Europea: prácticamente el 90% de estos recursos se destinarán a la inversión, especialmente en industria, energía, I+D+i e infraestructuras.
La educación, la sanidad y la dependencia contarán con más recursos que nunca, con crecimientos de sus partidas del 2,6%, del 11% y del 23,3%, por ese orden.
La juventud se convierte en protagonista de los PGE con partidas que suman 12.550 millones de euros, prácticamente el doble de lo presupuestado en 2021.
Se realiza una apuesta sin precedentes por la ciencia y la innovación, con partidas récord de casi 13.300 millones en I+D+i y digitalización.
La rúbrica de las pensiones aumenta un 4,8%: se asegura el poder adquisitivo de las contributivas y las no contributivas se revalorizan un 3%
Una inversión y un gasto público récord serán compatibles con la reducción del déficit, gracias al crecimiento económico y al incremento de la recaudación tributaria, que será superior al 8%
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021 que se remitirá al Congreso de los Diputados la próxima semana. Se trata de unos Presupuestos que, según ha destacado la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, en rueda de prensa, son los de “la recuperación justa, para hacer de España un país más productivo, más competitivo y sostenible, garantizando que la mejora económica llega a todas las familias”.
El Gobierno ha elaborado los Presupuestos de la recuperación económica porque será en 2022 cuando tanto el Ejecutivo como los organismos internacionales prevén que España recupere los niveles de actividad económica y supere los niveles de empleo previos a la pandemia. Y también son las cuentas de la recuperación justa, puesto que el proyecto de Presupuestos para el próximo ejercicio procura que todos los colectivos sociales cuenten con más recursos y mejores servicios públicos, “unos servicios”, ha afirmado Montero, “que no sólo son la red de seguridad de la ciudadanía, sino que son un potente motor de innovación y crecimiento económico, contribuyendo a la igualdad de oportunidades y a la cohesión social y territorial del país”.
Las cuentas públicas, ha explicado también la ministra, nacen en un contexto en el que las reglas fiscales siguen suspendidas en Europa y en el que existe el consenso de que hay que mantener los estímulos económicos para que la recuperación económica no se trunque.
Con esa filosofía y el mayor techo de gasto de la historia, aunque similar al de 2021 (196.142 millones de euros), se han construido los Presupuestos que, además, se enmarcan en una etapa de fuerte crecimiento de la economía española: el Gobierno prevé que el PIB se expanda a un ritmo del 7% el año que viene, lo que seguirá impulsando la recaudación tributaria tras el rebote que se está registrando ya en este 2021.
El aumento de los ingresos fiscales que se derivará de ese crecimiento económico, junto a la inyección de los fondos europeos, implicará una disponibilidad de recursos que favorecerá la inversión social y productiva.
Apuesta por la juventud
Entre todos los colectivos sociales, el Gobierno ha querido poner el foco en la juventud, que ha sufrido el golpe de dos crisis económicas, la de 2008 y la provocada por la COVID-19, en poco más de una década. Los jóvenes, por primera vez, cuentan con un capítulo propio dentro de los Presupuestos: las cuentas públicas de 2022 suponen la mayor apuesta realizada jamás por la juventud española para mejorar tanto sus oportunidades en el presente como sus perspectivas de futuro.
La inversión en los y las jóvenes casi se duplica (aumenta un 84,8%) con respecto al año 2021, hasta los 12.550 millones de euros. El capítulo de becas alcanzará la cifra récord de 2.199 millones de euros. Como novedad, el Ministerio de Justicia pondrá en marcha un sistema de becas para los aspirantes a juez, fiscal, abogado del Estado o letrado de la Administración de Justicia. El objetivo es la democratización del acceso a esos puestos de trabajo, que suelen requerir de largos y costosos procesos de oposición.
La Formación Profesional contará, a su vez, con más de 2.000 millones de euros. Junto con el refuerzo de la inserción y la estabilidad laboral, los Presupuestos incorporan 7.060 millones de euros en conjunto para estas políticas.
También se incluye el “Bono alquiler Joven”, un apoyo a la emancipación y el acceso a la vivienda que consiste en una ayuda directa de 250 euros al mes durante dos años a jóvenes asalariados de entre 18 y 35 años con bajas retribuciones. Además, también en políticas de vivienda, para favorecer el acceso y para el fomento de la edificación se destinarán más de 3.000 millones de euros, una cifra sin precedentes y un 46,3% superior a la de un año antes.
Asimismo, con el doble objetivo de acercar a los jóvenes a la cultura y apoyar a este sector tan golpeado por la pandemia, se ha diseñado un Bono Joven Cultural dotado con 210 millones de euros.
Pensiones
Este Gobierno también tiene una sensibilidad especial con nuestros mayores. De este modo, en términos agregados, la partida destinada a pensiones se incrementará un 4,8%, hasta alcanzar los 171.165 millones de euros.
Como novedad, la revalorización de los 9,6 millones de pensiones contributivas se fijará en la ley que se está tramitando en el Congreso de los Diputados y que establece que las pensiones contributivas aumentarán en función del IPC medio registrado en el mes de noviembre, un dato que se desconoce a la hora de presentar estos Presupuestos, pero con el que se garantiza que los jubilados mantengan su poder adquisitivo.
Las 449.724 pensiones no contributivas, por su parte, subirán un 3% el próximo año. El Gobierno de esta manera presta una atención especial a un colectivo que presenta una situación más precaria.
También los cuidados a los mayores y otros dependientes registran un incremento en la partida con la que contarán en 2022: el presupuesto de que dispondrá la atención a la dependencia crecerá un 23,3% y alcanzará su nivel más alto de la historia.
Subida salarial a los empleados y empleadas públicos
Otro colectivo al que este Ejecutivo quiere proteger es al que constituyen los trabajadores y las trabajadoras del sector público, garantía de calidad de los servicios que presta el Estado del Bienestar, que no es otra cosa que personas que cuidan y atienden las necesidades de otras personas.
De esta manera, los gastos de personal que recoge el Presupuesto aumentan un 3,4%. Ello es fruto del incremento del 2% de la retribución de los más de 2,7 millones de empleados y empleadas públicas; del aumento de los puestos en la Función Pública (se ha aprobado la mayor oferta de empleo público de la historia, con 30.445 plazas); y de la mejora de la tasa de reposición, que se fija en el 110% como norma general, en el 120% para los sectores prioritarios y en el 125% para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las policías autonómicas y locales.
El mayor gasto social de la historia
Más allá de jóvenes, mayores, dependientes y la fuerza de trabajo de la Administración, todos los colectivos sociales ganan con estas cuentas públicas. El 59,8% del Presupuesto nacional, es decir, sin fondos europeos, se destina a inversión social. Ello supone un total de 240.375 millones, la mayor cifra de la historia, que alcanza los 248.391 millones al incorporarse los fondos europeos.
Ello significa que seis de cada diez euros del Presupuesto nacional del Estado se destinarán a gasto social. Además de las políticas de dependencia, sanidad y educación también contarán en 2022 con más recursos que nunca. El presupuesto para sanidad sin incluir las vacunas sube un 11%, hasta los 5.434 millones, tras haber aumentado más de un 75% el año anterior; mientras que el de educación crece un 2,6% para superar también los 5.000 millones.
Para la protección de los más vulnerables, el Gobierno dotará con 4.436 millones de euros la partida destinada al pago del Ingreso Mínimo Vital y a las prestaciones familiares. Además, se incrementan en 48 millones las dotaciones para el Bono Social Térmico, hasta alcanzar los 157 millones de euros. Se trata de un aumento del 43,77% interanual y tendrá 1,27 millones de hogares beneficiarios.
El gasto total en servicios sociales y promoción social aumenta casi 1.000 millones, hasta alcanzar los 6.154 millones, donde además de incorporarse la atención a la dependencia, también se incluyen actuaciones para la prevención integral de la violencia de género, que contarán con 29 millones de euros más.
El compromiso del Ejecutivo con el cierre de las brechas de género tiene su reflejo en que el Ministerio de Igualdad incrementa su presupuesto un 14,4% en el año 2022, después de haber aumentado un 157,2% en el ejercicio anterior. El feminismo atraviesa y permea todo el Presupuesto: prácticamente un 90% de los programas que integran los PGE para 2022 contribuyen a la lucha por el cierre de la brecha de género.
“De nada sirve aprobar leyes si luego no se nutren de recursos”, ha afirmado la ministra de Hacienda, para referirse a la dotación con que contará la innovadora Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia Frente a la Violencia: buena parte del incremento de 40 millones que registra la protección a la familia y la pobreza infantil se destinan a financiar esta ley.
Se incrementan todas las rúbricas que componen los servicios públicos básicos: justicia (11,5%); defensa (7,9%); seguridad ciudadana e instituciones penitenciarias (4,7%); y política exterior y de cooperación para el desarrollo (19,7%).
La partida que sí baja es la destinada a pagar las prestaciones por desempleo: en concreto, un 10,2%, hasta los 22.457 millones de euros. Ello es un indicador positivo: la recuperación económica y del mercado de trabajo y la reducción del paro explican por qué esta rúbrica del presupuesto se reduce.
Las cuentas públicas para 2022 también recogen una subida del IPREM del 2,5%, después de que en los Presupuestos de 2021 se aprobara la primera subida de este indicador desde 2017 y la mayor desde su creación en 2004. Esta medida supondrá un beneficio para las personas con menores recursos, puesto que al IPREM están referenciadas muchas ayudas públicas, subvenciones y subsidios.
Inversión sin precedentes con el impulso de los fondos europeos
El Proyecto de Presupuestos Generales del Estado contempla el mayor gasto social de la historia para reforzar el Estado del Bienestar y también la mayor inversión para cambiar el modelo productivo del país y hacerlo más moderno, sostenible, verde y cohesionador.
Si entre los colectivos sociales la gran protagonista de las cuentas públicas es la juventud, en la inversión, la principal apuesta se realiza por la ciencia y la innovación: los Presupuestos destinan 13.298 millones a investigación, desarrollo, innovación y digitalización. Es el mayor importe jamás registrado. Supone un incremento del 7,7% respecto al PGE de 2021 y prácticamente duplica (+88,50%) a la cifra de 2020.
Pero, en su conjunto, en el Presupuesto por capítulos, las partidas de inversiones reales y transferencias de capital crecen un 8,6% y un 9,9%, respectivamente, y suman más de 40.000 millones de euros, volumen que no tiene precedentes.
Los Presupuestos aprobados por el Gobierno para el año 2022 integran los 27.633 millones de euros que le corresponde a España ingresar por los fondos europeos. Es una cifra un 3,8% superior a la del año anterior. Supone una importante inyección a la inversión española, ya que el 85% de estos recursos se reparten entre el capítulo de inversiones reales y el de transferencias de capital. Esto significa que prácticamente nueve de cada diez euros de los fondos europeos de 2022 se destinarán a inversiones.
Por sectores, un 19,8% y un 19,6% de los 27.633 millones de euros que recibirá España de la Unión Europea irán destinados a industria y energía y a I+D+i y digitalización, respectivamente.
“El año 2022 será cuando los ciudadanos y las empresas perciban en toda su magnitud los efectos positivos de los fondos europeos”, ha defendido María Jesús Montero. Así, en política industrial se prevé una inversión de 3.184,5 millones procedentes de los recursos comunitarios; en el plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana, 2.839 millones; en movilidad sostenible, 2.184,6 millones; y en la transición energética justa e inclusiva, 1.646 millones de euros.
Apoyo a las pymes
El Plan de Recuperación pone de manifiesto un evidente apoyo para las pequeñas y medianas empresas (pymes), con un total de 8.503 millones de euros –la mayor partida de los fondos europeos– en inversiones entre las que se recogen el componente dedicado a la modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, la recuperación del turismo e impulso a una España nación emprendedora.
El Presupuesto por políticas también es muestra del interés del Gobierno por que las cuentas públicas actúen como motor de la actividad económica y del tejido productivo doméstico. Así, la partida para comercio, turismo y pymes aumenta un 32,1%, hasta los 2.932 millones de euros. Y las políticas de industria contarán con más de 11.300 millones de euros para incentivar su localización en los diferentes territorios, apoyar la competitividad de las pymes o impulsar los PERTE.
Dentro del Presupuesto por capítulos, el segundo, gastos corrientes en bienes y servicios, se incrementa un 16,7%, hasta los 5.470 millones. Ello se debe a que el año pasado, para 2021, se presupuestaron 1.008 millones por la compra de vacunas y finalmente el gasto real para este fin alcanzó los 2.436 millones, gracias a que la ciencia ha puesto en el mercado muchas vacunas y ya hay alrededor de un 80% de la población vacunada en España. Para 2022 se han reservado 1.465 millones para vacunas, una cifra inferior al gasto ejecutado en 2021, pero superior al presupuestado.
Se reduce, sin embargo, el capítulo III, el de gastos financieros, es decir, los intereses de la deuda: en concreto, un 4,7%, hasta los 30.223 millones de euros. Ello se explica por la reducción de la deuda y del déficit que se prevé para el año 2022.
Mejora de la recaudación fiscal
La recuperación económica, el crecimiento de la demanda interna y la creación de empleo ya se está traduciendo en una mejora de la recaudación tributaria: en 2021 los ingresos fiscales crecerán un 10,8%, hasta los 214.995 millones de euros, según indica el avance de liquidación, tras el descenso de 2020 asociado a las consecuencias económicas de la pandemia.
Para 2022 se espera que la recaudación crezca un 8,1% con respecto a la previsión de cierre de 2021, hasta superar los 232.000 millones de euros. Se trata de una estimación prudente si tenemos en cuenta que los ingresos fiscales aumentarán el 10,8% en 2021 con un crecimiento del PIB nominal del 7,8% y que se espera que en 2022 el PIB nominal se expanda a un ritmo del 8,6% en 2022.
La ministra anticipó que la mejora económica permitirá un incremento el próximo año de la recaudación de las principales figuras fiscales, como el IRPF, el IVA y el Impuesto de Sociedades.
En cuanto a las novedades tributarias, los Presupuestos incluyen el establecimiento de un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades. Se trata de una medida en la que el Gobierno de España se convierte en
vanguardia en el ámbito internacional, donde en todo caso ya hay un consenso respaldado por 130 países de la OCDE respecto a la necesidad de adoptar esta política para evitar la erosión de las bases tributarias y poner freno a la competencia fiscal global que perjudica a todos los países porque merma los recursos de los que disponen para dotar servicios y políticas públicas.
El impacto recaudatorio de esta medida se calcula en cerca de 400 millones de euros en el año 2023 y afectará a alrededor de 1.000 grandes empresas.
Un Presupuesto compatible con la reducción del déficit
Según ha insistido María Jesús Montero, que las reglas fiscales estén suspendidas no implica una suspensión de la responsabilidad fiscal.
De esta manera, el hecho de que el Presupuesto para 2022 recoja el mayor gasto social y la mayor inversión de la historia será compatible con la reducción del déficit, que se prevé que se sitúe en el 5% al término del próximo ejercicio, lo que supone reducirlo a menos de la mitad desde el 11% registrado en 2020 como consecuencia de la recesión económica y de las medidas que se adoptaron para mitigar las consecuencias económicas y sociales de la pandemia.
Esa misma senda descendente se prevé que dibuje la deuda pública, que se reducirá hasta el 119,5% del PIB este año, para caer hasta el 115,1% en 2022.
“El impacto de la pandemia ha golpeado fuerte a las cuentas públicas porque el Gobierno decidió salir al rescate de trabajadores, familias, autónomos y empresarios. Hemos combatido la crisis con la mayor protección de rentas de nuestra historia. Esas medidas generaron un abultado déficit, pero también han sentado las bases de la recuperación que permiten avanzar de forma rápida hacia la estabilidad presupuestaria, que sigue siendo un objetivo de este Gobierno”, explicó Montero.
Si durante los dos últimos años, la Administración Central ha sido la que ha asumido la mayor parte del déficit, es decir, el mayor peso de la protección social y a la actividad económica prestada durante la crisis, lo mismo sucederá en 2022. El próximo año el Estado central continuará
nutriendo de recursos ordinarios y extraordinarios al resto de administraciones, que no se han visto afectadas en términos de liquidez y financiación por la recesión provocada por la COVID-19 gracias a la protección prestada por el Gobierno central.
Recursos extraordinarios para la Seguridad Social, CC AA y EE LL
De los cinco puntos de déficit previstos para 2022, la Administración Central asumirá 3,9 puntos. Ello, porque efectuará una transferencia extraordinaria a la Seguridad Social de 18.396 millones de euros para garantizar las pensiones. A esta transferencia hay que sumar que a las Comunidades Autónomas se les ingresarán 3.900 millones adicionales en una medida sin precedentes para financiar las liquidaciones negativas de 2020 y otros 3.100 millones para compensar el SII IVA.
Las Comunidades Autónomas, además, recibirán una transferencia de 8.712 millones de euros procedentes de los fondos europeos.
Las Entidades Locales, por su parte, contarán con 22.122 millones de euros del sistema de financiación, a los que se sumarán 1.228 millones de euros adicionales que aportará la Administración Central. Junto a esas cifras, a las administraciones locales les corresponderán 2.050 millones el próximo ejercicio de los fondos europeos.
Las cuentas públicas también contemplan la dotación de recursos para otra de las prioridades del Gobierno: abordar el reto demográfico y la despoblación con el objetivo de construir un país más cohesionado y con menos diferencias territoriales. Así, se recogen partidas por hasta 4.200 millones de euros para fomentar las energías limpias en los municipios pequeños o para impulsar la digitalización en las zonas rurales.
El compromiso del Ejecutivo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con la igualdad de género y con los derechos de la infancia se contemplan, además de en políticas dotadas con partidas presupuestarias, en sendos informes en los que se evalúa el alineamiento de las cuentas públicas con la Agenda 2030, el impacto de los Presupuestos en la construcción de la igualdad entre hombres y mujeres y en el bienestar de los más pequeños.
