El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno de España y Airbnb se reunieron este martes para establecer un protocolo de identificación y retirada de anuncios de pisos turísticos sin código de registro legal. El acuerdo busca aplicar la normativa existente sobre alquileres de corta duración.
Durante el encuentro, la plataforma se comprometió a proporcionar mensualmente al Ministerio la información sobre los anuncios que se publicitan, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de la regulación actual.
España ha sido el primer país de la Unión Europea en transponer la normativa europea relativa al registro único de alquileres de corta duración, a través de la Ventanilla Única Digital. Para el Estado, esta medida se orienta en “acabar con el fraude en los alquileres turísticos o de temporada que colisiona con el derecho a una vivienda digna de parte de la ciudadanía”.
A partir de agosto de 2025, Airbnb remitirá a Vivienda la información requerida por la normativa, incluyendo los números de registro estatal y autonómicos que correspondan, según el tipo de oferta anunciada por los anfitriones.
Airbnb también retirará los anuncios que presenten inconsistencias en el registro nacional. Según plasma el acuerdo, la plataforma notificará previamente a los anfitriones, ofreciéndoles un plazo para corregir las deficiencias antes de proceder a la retirada definitiva, salvo si se deriva de una revocación de número de registro estatal, en cuyo caso se producirá en 48 horas desde la notificación del Ministerio.