La Comisión Interministerial de Inmigración ha presentado este martes el balance actualizado sobre la reubicación de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados en España. Según los datos facilitados por el Ejecutivo, un total de 803 menores han sido trasladados hasta la fecha desde las zonas declaradas en “contingencia migratoria” (Ceuta, Melilla y Canarias) hacia centros estatales y autonómicos del resto del país.
El Gobierno ha valorado la evolución de estos movimientos como “positiva”, destacando que la atención y los traslados se están desarrollando bajo una “amplísima normalidad” tras la entrada en vigor de la modificación legislativa y la activación de los mecanismos de protección internacional.
Desglose de las reubicaciones
El informe detalla dos vías principales mediante las cuales se han ejecutado estos traslados. Por un lado, la aplicación de la Ley de Extranjería ha permitido la reubicación de un total de 395 menores tras la modificación del artículo 35 de la Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
Por otro, al sistema de Protección Internacional se han incorporado —según los datos del Ejecutivo— 408 menores solicitantes de asilo. Estos han sido trasladados específicamente desde Canarias a dispositivos abiertos en la península, quedando integrados en el sistema de acogida estatal.
Asimismo, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha adelantado que esta misma semana se procederá a la reubicación de otros 28 menores solicitantes de protección internacional, uno de los cuales será destinado a un centro de nueva apertura.
Evaluación política y obstáculos
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien preside la Comisión, ha subrayado el impacto de la reforma legal aprobada mediante Real Decreto-ley el pasado 19 de marzo de 2025. Según Torres, “en siete meses se ha logrado reubicar a más menores que en muchos años juntos”, contrastando la situación actual con la etapa anterior, en la que “la solidaridad voluntaria entre los territorios no daba resultados”.
Torres ha calificado la modificación de la ley como un “hito importantísimo” que se está ejecutando con éxito, a pesar de lo que ha denominado “continuas trabas de la oposición”, en referencia a los recursos presentados ante el Tribunal Constitucional.
Preocupación por los plazos administrativos
A pesar del balance en las cifras de traslado, la Comisión ha alertado sobre los tiempos de gestión administrativa necesarios para cumplir con los plazos legales. La normativa establece el plazo de un año —que vence en marzo de 2026— para completar la reubicación de los menores que ya se encontraban en las comunidades en contingencia antes de la reforma.
El ministro ha recordado que la ley otorga cuatro meses para culminar el proceso desde que las comunidades autónomas remiten los expedientes al Gobierno central. En este sentido, Torres ha señalado un desfase en el envío de dicha documentación. “Para cumplir con el plazo de un año y tener a todos esos niños reubicados en marzo de 2026, las comunidades autónomas tendrían que haber remitido la totalidad de los expedientes el pasado mes de noviembre”, explicó Torres.
El ministro ha puesto el foco en la situación de Canarias, el territorio con mayor presión asistencial. Según los datos aportados, aunque el Ejecutivo autonómico cifra en aproximadamente 1.700 los menores pendientes de reubicación, hasta el momento el Gobierno central solo ha recibido 536 expedientes. Pese a estas dificultades administrativas, Torres ha asegurado que es “consciente de las dificultades” y ha reiterado el compromiso del Gobierno de mantener la “absoluta colaboración” con las comunidades autónomas para cumplir con la ley.
