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Las fugas de centros de acogida y menores migrantes, un problema creciente en España

Casi el 90% de las desapariciones de menores en España son fugas de centros de acogida o menores extranjeros no acompañados que se exponen a múltiples riesgos.

Según SOS Desaparecidos, el 90% de las desapariciones de menores en España se tratan de fugas de centros de acogida y menores migrantes no acompañados, en muchos casos reincidentes. Esta problemática va en aumento y sin solución.

Los datos del Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), dependiente del Ministerio del Interior, confirman que las desapariciones de menores son un fenómeno muy frecuente en nuestro país. En 2021 se registraron 22.285 denuncias por desaparición de personas, de las cuales el 65% correspondían a menores de edad. Al finalizar el año, solo permanecían activas 5.411 denuncias; que por otra parte 8.106 eran catalogadas como “menor ausentado”.

El concepto de “menor ausentado” se refiere a todas las denuncias de menores extranjeros ausentes de los centros donde residen, cuyas desapariciones se han producido hace más de 6 meses o bien han cumplido la mayoría de edad.

La mayoría de estas desapariciones se produjeron durante los años 2018 y 2019, coincidiendo con una mayor afluencia de flujos migratorios en España. Más del 96% de estos menores son varones.

Las causas que motivan estas fugas son diversas y complejas, pero entre ellas se encuentran la falta de integración social y cultural, la búsqueda de oportunidades laborales o educativas, el rechazo a las normas de convivencia o la influencia de redes delictivas que se aprovechan de su situación de vulnerabilidad.

Las consecuencias de estas fugas son también graves, tanto para los propios menores como para la sociedad. Los menores ausentados se enfrentan a riesgos como la explotación laboral o sexual, la mendicidad, el consumo de drogas o la delincuencia. Además, suponen un coste económico y social para el Estado, que debe destinar recursos a su búsqueda y protección.

Ante este problema, se hace necesario adoptar medidas que garanticen el bienestar y los derechos de los menores migrantes no acompañados, así como su integración social y educativa.

Algunas propuestas son mejorar la coordinación entre las administraciones públicas y las entidades sociales que trabajan con este colectivo, reforzar los programas de acogida e intervención socioeducativasensibilizar a la sociedad sobre la realidad de estos menores y prevenir las redes de trata y explotación que operan en este ámbito.

Solo así se podrá reducir el número de fugas y desapariciones de menores en España, un problema que afecta a miles de niños y niñas cada año y que requiere una respuesta urgente y eficaz por parte de todos los agentes implicados.

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