El Consejo de Ministros, a propuesta de los Ministerios de Política Territorial y Memoria Democrática y para la Transformación Digital y de la Función Pública, ha aprobado la firma de un convenio entre el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y las comunidades autónomas de Canarias, Castilla-La Mancha y Cataluña. Este acuerdo tiene como objetivo el desarrollo territorializado de los procesos selectivos derivados de la oferta extraordinaria de funcionarios de la administración local con habilitación nacional, según lo establecido en el RDL 20/2022.
La oferta incluye una convocatoria pública de 1.000 plazas para la escala de habilitados de carácter nacional (secretarios, interventores y tesoreros), distribuidas proporcionalmente según el número de vacantes en cada comunidad autónoma. La asignación es de 584 plazas para interventores, 102 para secretarios y 314 para tesoreros.
Como informó el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública en enero, las comunidades autónomas que lo solicitaran podrían encargarse en su territorio, en colaboración con el INAP, de los procesos de selección, pruebas de acceso y el curso selectivo para aspirantes a funcionarios locales con habilitación nacional, mediante un convenio con la Administración General del Estado. Las comunidades de Canarias, Castilla-La Mancha y Cataluña han solicitado esta modalidad.
Las partes firmantes colaborarán para optimizar la territorialización de los procesos selectivos derivados exclusivamente de esta oferta extraordinaria, enfocándose en los siguientes objetivos:
• La igualdad de oportunidades en el acceso al empleo público.
• Un modelo de selección que garantice una mayor diversidad social y territorial en el acceso a la Función Pública.
• La atracción de talento público territorial para el funcionamiento eficaz de los servicios públicos, al facilitar al aspirante la realización de los procesos selectivos limitando al mínimo indispensable los desplazamientos para mejorar los índices de participación.
La convocatoria mantiene su carácter nacional, pero refuerza la cooperación entre administraciones para conciliar la naturaleza estatal de esta escala de funcionarios con el carácter local de sus funciones, y con el principio de territorialización en los procesos de selección establecido en el RDL 6/2023.
Estos funcionarios de carrera en la administración local cumplen un rol fundamental para el buen funcionamiento de la Administración Local, siendo los responsables exclusivos de funciones como la fe pública, el asesoramiento legal obligatorio, el control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, así como la contabilidad, tesorería y recaudación en las entidades locales.