El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado su intervención central en la inauguración del World Governments Summit en Dubái para presentar una ofensiva regulatoria sin precedentes sobre el entorno digital. Bajo la premisa de que el actual ecosistema de las redes sociales se ha convertido en un estado fallido donde se ignoran las leyes y se toleran delitos, el jefe del Ejecutivo ha subrayado el sentido de urgencia para recuperar la gobernanza y garantizar que el espacio digital sea sano, democrático y respetuoso con los derechos fundamentales de las generaciones venideras.

La medida de mayor impacto social de este paquete de cinco reformas es la prohibición efectiva del acceso a plataformas digitales a todos los menores de dieciséis años en España. Para asegurar el cumplimiento de esta restricción, el Gobierno obligará a las empresas tecnológicas a implementar sistemas de verificación de edad que resulten realmente eficaces, con el objetivo de proteger a un colectivo que tiene estas herramientas integradas en su cotidianidad pero que se encuentra desprotegido ante la desinformación y el material personal sensible.

En el plano legal, Sánchez ha anunciado una reforma legislativa destinada a terminar con la impunidad de los altos mandos de las grandes tecnológicas. A partir de ahora, los directivos serán legalmente responsables de las infracciones cometidas en sus dominios si no retiran de forma inmediata el contenido ilegal o de odio. De manera complementaria, el Ejecutivo tipificará como delito tanto la manipulación de los algoritmos como la amplificación deliberada de contenido ilícito. En esta misma línea de “tolerancia cero”, el presidente ha confirmado que se coordinará con la Fiscalía para investigar posibles infracciones legales por parte de plataformas específicas como Grok, TikTok e Instagram.

Para combatir la división social, el plan contempla la creación de una herramienta de rastreo y cuantificación denominada “Huella de Odio y Polarización”. Este sistema de trazabilidad buscará exponer públicamente la permisividad de las plataformas que alimentan discursos radicales. A nivel internacional, Sánchez ha comunicado la integración de España en la denominada “Coalición de los Dispuestos Digitales”, un frente común formado junto a otros cinco países europeos para aplicar de forma coordinada una regulación multinacional que sea más estricta, rápida y eficaz de lo que permite el marco actual.