El derecho de familia en España está atravesando una importante transformación debido a los cambios en las estructuras familiares y al aumento significativo de casos de custodia compartida. Según datos del INE correspondientes a 2023, de los 76.685 divorcios registrados entre cónyuges de diferente sexo, el 50,7% involucró hijos menores, lo que afecta a 38.876 familias que han tenido que reorganizar su dinámica familiar.

En este marco, la custodia compartida se consolidó como la opción mayoritaria en el 48,4% de los casos, superando por primera vez a la custodia exclusiva materna, que representó el 47,8%, y situándose muy por encima de la custodia exclusiva paterna, con un 3,5%. Esta realidad plantea nuevos desafíos, especialmente en lo relativo a la pensión de alimentos.

Lidón García Navarro, abogada de Marín & Mateo Abogados, explica que existe una “idea mitificada” sobre que, en custodia compartida, cada progenitor solo asume los gastos de los hijos durante el tiempo que conviven con ellos. “Sin embargo, la custodia compartida no exime automáticamente a los progenitores de la obligación legal de abonar una pensión de alimentos. La complejidad de las múltiples situaciones familiares que pueden darse y la riqueza de los principios legales va más allá”, señala.

Aunque en los casos donde los ingresos de ambos progenitores son similares lo habitual es que cada uno cubra los gastos ordinarios durante su tiempo de custodia, la legislación contempla expresamente la posibilidad de fijar una pensión de alimentos si se detecta una diferencia económica significativa entre los padres.

Cómo se determina la pensión en custodia compartida

Según el INE, en el 54,5% de los divorcios de cónyuges de diferente sexo en 2023 se estableció una pensión alimenticia, lo que muestra que esta obligación sigue vigente en un gran número de casos. La responsabilidad mayoritaria recayó en el padre (54,9%), seguida de ambos progenitores conjuntamente (41,5%) y en menor medida en la madre (3,6%).

La base para fijar la pensión de alimentos en custodia compartida es el principio de proporcionalidad. “La prioridad de los jueces es garantizar el bienestar del niño y promover su desarrollo integral. En base a esto, y amparándose en los artículos 145 y 146 del Código Civil, realizan una evaluación detallada y exhaustiva de la diferencia de ingresos existente entre los progenitores y las necesidades económicas concretas de los hijos”, explica Lidón García.

Cuando ambos padres tienen ingresos equivalentes, lo común es que cada uno asuma los gastos corrientes durante su periodo de custodia, compartiendo proporcionalmente los gastos extraordinarios. “Cuando hay una disparidad significativa en los ingresos se hace necesario fijar una pensión a favor del progenitor que dispone de menos recursos, ya que hay que asegurar que se atiendan las necesidades del niño de forma equitativa sin cambiar su nivel de vida. Sin embargo, también se pueden establecer otras fórmulas”, añade la abogada.

Entre esas alternativas se incluye que el progenitor con mayor capacidad económica pague directamente ciertos gastos específicos, como los educativos o sanitarios, para compensar la desigualdad. Otra opción es la creación de una cuenta común para cubrir los gastos ordinarios de los hijos, con aportaciones en función de los ingresos de cada progenitor, mientras los gastos de manutención se asumen de manera independiente durante los respectivos periodos de custodia.