La empresa pública Correos asumirá a partir de hoy un papel central en la gestión del proceso extraordinario de regularización de personas migrantes en España. Un total de 383 oficinas repartidas por todo el territorio nacional han sido habilitadas como los únicos puntos físicos disponibles para tramitar presencialmente las subsanaciones de los expedientes. Este servicio especial se prestará de manera continuada durante los meses de julio, agosto y septiembre, fijando el límite del plazo el próximo 30 de septiembre.

El procedimiento está dirigido exclusivamente a aquellos ciudadanos extranjeros que hubiesen registrado su solicitud inicial dentro del plazo legal establecido, el cual comenzó el pasado 16 de abril y concluyó formalmente el pasado 30 de junio. A través de este despliegue de la red postal, las personas interesadas podrán aportar la documentación requerida bajo dos supuestos: bien por iniciativa propia con el fin de ampliar la información de su expediente, o bien en respuesta a un requerimiento oficial de la Administración debido a documentación no aportada, incorrecta o incompleta.

Los ciudadanos que necesiten acudir a realizar estas gestiones no tendrán que solicitar cita previa, pudiendo presentarse directamente dentro de los horarios de atención al público establecidos por las sucursales seleccionadas. Para facilitar la tramitación, Correos mantiene operativa en su página web oficial la consulta detallada con la ubicación exacta de estos 383 centros autorizados, así como sus respectivos horarios de apertura durante el periodo estival.

Esta línea de actuación se desarrolla en estrecha coordinación con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Para ello, Correos ha movilizado el conjunto de sus capacidades operativas, técnicas y humanas, dando cumplimiento a las tareas encomendadas bajo el marco del Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, la normativa que modificó el Reglamento de Extranjería para regular este proceso de regularización extraordinaria.

La incorporación de la compañía estatal a estas funciones de soporte administrativo responde al marco normativo vigente que rige a la entidad. En concreto, esta colaboración se estructura dentro de los servicios esenciales para la ciudadanía, formalmente catalogados como Servicios de Interés Económico General (SIEG). Dichas obligaciones fueron asignadas a la empresa pública tras la modificación de la Ley Postal 43/2010, una reforma aprobada por el Congreso de los Diputados en julio de 2025.

Mediante dicha reforma legislativa, el ordenamiento jurídico reconoce a Correos como el instrumento idóneo del Estado para la prestación de servicios públicos de carácter esencial. De este modo, la actividad de la empresa postal se vincula directamente a la contribución de la cohesión territorial, económica y social, así como al desarrollo de la sostenibilidad y el bienestar común, reforzando de forma efectiva su misión pública estratégica ante los ciudadanos.