CCOO y UGT, sindicatos mayoritarios en Correos a nivel nacional, vienen denunciando desde hace meses que la Dirección de la empresa está externalizando parte de sus actividades hacia empresas del propio “Grupo Correos” (Correos Express y Nexea), lo que ocasiona una disminución de carga de trabajo y pérdida de empleo en la empresa matriz, y un debilitamiento intencionado del Servicio Postal Universal (SPU) que se presta a la población, que es la verdadera razón de ser de Correos como servicio público centenario. Los sindicatos denuncian que con este traspaso de actividad se está llevando a cabo un desguace encubierto del actual modelo postal, reconvirtiéndolo en un operador logístico y de paquetería privado en el que el concepto de servicio público se contempla sólo como algo residual.
Tras la llegada de Juan Manuel Serrano a la presidencia de la empresa pública -un gestor sin experiencia ni en el sector logístico ni en grandes empresas, que fue nombrado por su afinidad personal al actual presidente del Gobierno-, las decisiones adoptadas han ido dirigidas hacia ese cambio de modelo en el que prima el concepto de negocio sobre el de servicio. Este cambio comenzó con la eliminación de la palabra Correos del logo de la matriz, que sí figura en su filial Correos Express, y continuó con el desinterés demostrado por mantener la financiación del Gobierno para el Servicio Postal Universal, para el que se aceptó sin discutir un recorte de más de 60 millones de euros anuales. En el último año la propia dirección de la empresa ha venido reduciendo la plantilla y la contratación al mínimo en la matriz, mientras se imparten órdenes en las oficinas para priorizar la venta de la paquetería de la filial, Correos Express, que resulta más cara para el cliente que los propios productos que ofrece Correos como servicio público.
Los sindicatos recuerdan también que Serrano está especulando con el cuantioso patrimonio inmobiliario de Correos, al poner edificios singulares a disposición de determinadas administraciones para usos diversos. Estos inmuebles, como ocurre con los edificios históricos de la capital en Barcelona, Valencia, Castellón o Toledo, se detraen de su uso para la actividad postal, sin que se conozca beneficio alguno para la empresa o para el servicio que se presta a la ciudadanía. Además, por todo el Estado se están fusionando centros de trabajo y suprimiendo servicios en ámbitos rurales, con la finalidad última de vaciar de personal locales e instalaciones para su venta -para sanear las cuentas- o su puesta a disposición de la filial paquetera.
CCOO y UGT propugnan desde hace años la necesidad de diversificar las líneas de negocio de Correos, para compensar la caída de la carta tradicional, defendiendo un modelo que en el camino no sacrifique ni el empleo de calidad ni el enorme valor que tiene el servicio postal público, el único que garantizará el acceso universal a los servicios postales, parapostales, logísticos y financieros a precios asequibles en todo el territorio, vertebrando la “España vaciada”.
Sin embargo, y a pesar de que en campañas publicitarias millonarias Serrano declara su interés por defender el correo público, los hechos demuestran que su modelo de gestión busca la construcción, por la vía rápida y al precio que sea, de una imagen personal de gestor eficaz que pueda abrirle el camino a futuras puertas giratorias en cargos políticos o en otros puestos con jugosas retribuciones. Ambos sindicatos vienen advirtiendo de la convocatoria de movilizaciones en las próximas semanas, para detener este proceso de desguace del servicio postal, la pérdida de empleo fijo de calidad y el traslado de actividad hacia otras empresas del grupo, donde la misma se desempeña con autónomos y personal con peores condiciones salariales y laborales.
