Las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular expresaron su “profunda preocupación ante la improvisación, la incertidumbre normativa y la exclusión de las administraciones competentes en el diseño de la nueva regulación” prevista en el Real Decreto que establece una ventanilla única digital para el registro y control de los alojamientos turísticos de corta duración. Así lo manifestaron en un comunicado conjunto este miércoles (18) tras participar en una jornada informativa celebrada en la sede del Ministerio de Vivienda del Gobierno de España.

En el texto, las comunidades del PP señalan que el encuentro “lejos de aportar certezas sobre el marco normativo ha evidenciado una alarmante ausencia de coordinación, previsión y rigor jurídico, provocando más dudas que respuestas entre los responsables técnicos y directivos autonómicos”.

Aunque rechazan “plenamente la fórmula jurídica elegida para la implantación de la nueva ventanilla única digital en el marco del decreto regulador”, aseguran compartir “el objetivo fundamental que persigue: garantizar que las viviendas de uso turístico cumplan con la normativa vigente y estén debidamente registradas”. En este sentido, consideran “esencial establecer mecanismos eficaces que pongan freno a la proliferación de anuncios en plataformas de comercialización que escapan al control administrativo, pues esta práctica erosiona gravemente la competencia leal, la calidad del destino y la confianza del visitante”.

Los gobiernos autonómicos del PP señalan varios aspectos problemáticos

Improvisación y precipitación: Denuncian que “la entrada en vigor del Real Decreto se pretende ejecutar en plena temporada alta, sin planificación ni consenso”, generando “confusión entre las administraciones, los comercializadores y los propietarios de estas unidades de vivienda que en algunas CCAA representan más del 50% del alojamiento turístico”.

Falta de liderazgo del Ministerio de Turismo: Afirman que “el Ministerio ha estado ausente no solo en esta jornada, sino durante todo el proceso de diseño, aprobación y puesta en marcha del Real Decreto, a pesar de tratarse de una norma de impacto estructural en el sector turístico de gran dimensión”.

Intrusión competencial: Señalan que “se han planteado propuestas de regulación e implementación por parte de entidades ajenas al sector, como los registradores de la propiedad, que asumen funciones que legalmente corresponden a las administraciones autonómicas en materia turística”.

Confusión normativa a pocos días de su entrada en vigor: Alertan de que “persisten graves lagunas en los criterios a aplicar, sin una guía clara sobre los usos y temporalidad, la necesidad de múltiples registros para una misma unidad alojativa o la forma en que se deben compartir los datos con las autoridades competentes”.

Falta de información clara y precisa: Denuncian que “ni las Comunidades Autónomas ni los ciudadanos disponen de la información necesaria para aplicar con seguridad jurídica los dictados de ese RD”.

Según expusieron durante la jornada, el nuevo sistema “lejos de responder a las expectativas generadas, va a derivar en su inaplicación efectiva” en la fecha prevista —1 de julio— “al provocar duplicidades administrativas, inseguridad jurídica y una intervención estatal innecesaria, cuestionada por el propio Consejo de Estado y la Unión Europea, y sobre todo costosa para el sector”.

También expresaron su preocupación por la confirmación del Ejecutivo central de que “el 1 de julio continuarán publicitándose alojamientos turísticos ilegales en plataformas online, sin un régimen sancionador efectivo ni una fecha concreta para su aplicación”.

Las comunidades del PP reclaman cambios urgentes

Según recoge el texto, los populares exigen la convocatoria “urgente” de la Conferencia Sectorial de Turismo, presidida por el Ministro de Industria y Turismo, para abordar de manera inmediata “los problemas generados para el turismo por la entrada en vigor de este Real Decreto“. Sostienen que tratan de “revertir la situación actual de incertidumbre normativa y operativa”.

Además, reclaman la inclusión del sector privado en este proceso, para garantizar que cualquier medida tenga en cuenta la realidad del tejido empresarial turístico.

Por último, solicitan la constitución de un grupo de trabajo único con participación en el mismo de todas las partes implicadas, fundamentalmente autoridades competentes en materia de ordenación turística, representantes del sector y plataformas.