Han sido detenidas ocho personas e intervenidos unos 117.700 comprimidos que contenían sildenafilo y tadalafilo -sustancias prescritas para el tratamiento de la disfunción eréctil- sin ser declarados en el etiquetado final del producto.

Cuando las autoridades sanitarias prohibían la venta de algunos de los productos, los implicados creaban otro con un nombre y logotipo nuevo pero con el mismo contenido.

Los agentes han llevado a cabo 12 registros en España e Italia, han bloqueado cuatro páginas web y han intervenido 21 cuentas bancarias asociadas a los investigados, bloqueando un total de 3,5 millones de euros.

El consumo de este tipo de medicamentos supone un grave riesgo para la salud, e incluso los agentes han detectado que un cliente denunció que había sufrido un derrame cerebral tras la ingesta de uno de ellos.

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con los Carabinieri de Italia y la Policía de Rumanía, y en la que ha participado EUROPOL, han desarticulado una organización criminal dedicada, supuestamente, al tráfico de sustancias medicamentosas que enmascaraban como productos nutricionales. Ocho personas han sido detenidas en Málaga (6) y Barcelona (2) y se han llevado a cabo 12 registros –Málaga (4), Barcelona (3) e Italia (5)- donde se  han intervenido un total de 117.623 comprimidos. Los agentes han bloqueado cuatro páginas webs  y 21 cuentas bancarias asociadas a los investigados, bloqueando 3,5 millones de euros. Se les imputan delitos contra la salud pública, estafa, falsedad documental, contrabando, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y delito contra la hacienda pública.

Las investigaciones comenzaron cuando la Policía Nacional recibió una información, procedente de EUROPOL, donde los Carabinieri comunicaban la intervención de 2.123 paquetes de un producto que había dado positivo en la sustancia química sildenafilo -principio activo de los medicamentos para el tratamiento de la disfunción eréctil- sin que hubiera sido declarada entre sus componentes. Además alertaba de que el producto procedía de dos empresas distribuidoras inglesas, teniendo una de ellas una delegación española en la provincia de Málaga.

Con todos estos datos, los agentes llevaron a cabo las primeras gestiones de investigación sobre las dos sociedades, observándose que ambas estaban administradas por ciudadanos españoles que, a su vez, administraban otras sociedades, estando todas ellas relacionadas entre sí y creando un complejo entramado empresarial que tenía como objetivo camuflar la actividad delictiva desarrollada.

Fijó su residencia en Miami pensando que así sería impune

Algunas de estas empresas fueron creadas en el extranjero a nombre de los investigados o de testaferros, con el objetivo de evitar cualquier actuación policial contra los verdaderos responsables de las mismas y servir de distribuidoras de los productos investigados. Además, los agentes detectaron que uno de los principales sospechosos tenía fijada su residencia en la ciudad estadounidense de Miami, lo que le generaba una falsa sensación de impunidad para poder operar libremente en la creación de estas empresas.

Una amplia recopilación de información reveló que los investigados habían creado este entramado empresarial con el objetivo de esconder la actividad delictiva bajo la apariencia legal desarrollada por todas sus empresas, ya que combinaban la distribución de sustancias medicamentosas prohibidas con otros productos que son legales, como complementos alimenticios o maquillajes, entre otros.

En esos momentos, la Policía Nacional solicitó colaboración a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición y a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, averiguando que esta última había emitido diversos informes prohibiendo la comercialización de productos que habían sido registrados por las empresas pertenecientes a la organización criminal. En el análisis realizado se habían detectado sustancias no declaradas en el etiquetado del producto, concretamente sildenafilo y tadalafilo, siendo ambas prescritas para el tratamiento de la disfunción eréctil. Indicaba, además, que el producto en cuestión supone un riesgo para aquellos individuos susceptibles de padecer reacciones adversas con el consumo de inhibidores de la PDE-5.

Iban mejorando el modus operandi para continuar comercializando

El primero de los informes emitidos por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios tiene fecha del año 2015, lo que alertó sobre la permanencia y la continuidad en la actividad delictiva desarrollada por la organización criminal, habiendo perfeccionado su modus operandi para que, en caso de ser alguno de estos productos detectado por las autoridades, poder seguir comercializando el resto sin mayores problemas.

Los controles llevados a cabo durante 2020 y 2021 sobre los productos distribuidos por los investigados confirmaron las hipótesis mantenidas, por lo que se procedió a judicializar la investigación. Las hipótesis se reforzaron con las diligencias realizadas en el mismo sentido por los investigadores del Carabinieri y, de este modo, se pudo determinar el modus operandi de la organización.

La primera fase consistía en la adquisición. El investigado que residía en Miami era el encargado de mantener el contacto con los proveedores asiáticos, que remitirían las pastillas a través de empresas de transporte hasta los almacenes que la organización criminal tenía en la provincia de Málaga. La segunda fase era la recepción, que consistía en que otro de los líderes del grupo se encargaba de las tareas logísticas para la recepción de los productos y su almacenaje en los almacenes y trasteros de Málaga.

De ahí se pasaba a la manipulación. Una vez en su poder, las píldoras eran introducidas en cajas de los productos que habían registrado como complementos nutricionales 100% naturales. Cuando, y tras alguna actuación de las autoridades sanitarias, se prohibía la venta de alguno de estos productos, creaban otro con un nombre y logotipo nuevo, pero con el mismo contenido. La última fase era la de la distribución, donde los productos eran enviados a algunas empresas de transporte junto con el listado de los clientes a los que tenían que remitir el producto, que pagaban contra reembolso o mediante transferencia bancaria. Del mismo modo, los productos prohibidos también eran remitidos a plataformas logísticas tanto en España como en otros países europeos, que procedían a su distribución a los consumidores finales.

Importantes riesgos sanitarios para los consumidores

Esta actividad criminal le reportaba a la organización criminal unos ingentes beneficios, por lo que se está desarrollando una investigación patrimonial, sin descartar la imputación del delito de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública proveniente del delito investigado. Por ello, en la fase de explotación operativa se ha procedido a la intervención de 21 cuentas bancarias asociadas a los investigados, quedando bloqueado un total de 3,5 millones de euros.

Esta actividad ilegal resulta muy peligrosa para los consumidores por los posibles efectos adversos. Uno de los productos distribuidos tenía una reseña del pasado mes de noviembre del 2020 que indicaba que un cliente denunció haber sufrido un derrame cerebral motivado por la ingesta del mismo.