El impago es el principal problema al que se enfrentan los propietarios que alquilan su vivienda en España. Así lo refleja el balance del tercer trimestre de 2026 de Sociedad Española de Alquiler Garantizado (SEAG), publicado este martes 20 de octubre, según el cual el 96,8% de las incidencias gestionadas por la compañía en ese periodo correspondió a impagos. Cada expediente supone para el arrendador un coste medio de 2.430 euros, y recuperar el inmueble desde que se produce el impago requiere cerca de 278 días de media en el conjunto del país.
El peso del impago es elevado en todo el territorio, aunque varía entre comunidades. Entre los principales mercados por volumen de actividad de SEAG, Madrid registra el porcentaje más alto, con un 98,5% de incidencias por impago. Le siguen Andalucía y Aragón, ambas con un 97,6%; Catalunya, con un 97,0%; y la Comunidad Valenciana, con un 95,7%. La compañía precisa que ese porcentaje expresa el peso del impago sobre los expedientes de incidencia gestionados y no la tasa de impago sobre el conjunto de contratos garantizados.
También el coste medio por expediente cambia de forma significativa según el territorio. Canarias se sitúa en 2.547 euros, la cifra más alta de las citadas, por delante de La Rioja, con 2.544 euros; Asturias, con 2.505 euros; y Cantabria, con 2.438 euros, todas ellas en torno o por encima de la media nacional. Por debajo quedan Catalunya, con 2.325 euros; Madrid, con 2.123 euros; y Andalucía, con 2.089 euros. SEAG aclara que estas cifras corresponden al campo de coste asociado a las incidencias que gestiona.
Para el CEO de la compañía, Pedro Bretón, el riesgo de impago y la dificultad para recuperar la vivienda se han convertido en factores decisivos a la hora de poner un inmueble en alquiler. “El riesgo de impago y la dificultad para recuperar el inmueble se han convertido en factores decisivos para muchos propietarios a la hora de poner una vivienda en alquiler”, señala Bretón. Y añade: “En un mercado tensionado, con una oferta insuficiente y rentas al alza, trasladar todo el riesgo al arrendador genera todavía más desconfianza y puede provocar que parte de la vivienda disponible se retire del mercado. Reforzar el análisis de solvencia, actuar desde el primer incumplimiento y ofrecer una garantía efectiva durante todo el contrato es fundamental para proteger al propietario y aportar estabilidad al alquiler”.
El informe subraya que la gestión temprana resulta determinante para limitar el perjuicio económico y evitar que el conflicto se prolongue. A escala nacional, el 91,8% de los inmuebles recuperados se resolvió mediante entrega o acuerdo entre las partes, mientras que el 8,2% restante requirió la vía judicial. Para SEAG, el predominio de las soluciones pactadas demuestra que la intervención especializada desde las primeras fases puede reducir costes y evitar procedimientos judiciales prolongados.
Como indicador complementario de la evolución del alquiler garantizado, la renta media de la vivienda garantizada en España alcanza los 881 euros mensuales, un 7% más que un año antes. Baleares presenta la renta media más alta, con 1.317 euros, seguida de Madrid, con 1.238 euros; País Vasco, con 955 euros; y Catalunya, con 921 euros.
SEAG considera que la respuesta a la tensión del alquiler debe combinar prevención, análisis de solvencia, gestión temprana de las incidencias y seguridad jurídica, con el objetivo de proteger al arrendador y favorecer una oferta residencial más estable.
