El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha visitado este lunes la sede de Cruz Roja Española en Madrid, donde participó en el Pleno del Consejo de Protección de esta organización. Durante su intervención, Bustinduy destacó que ya son alrededor de 65.000 las familias que se benefician del nuevo programa de tarjetas monedero, destinado a familias en situación de vulnerabilidad, para la compra de alimentos y productos de primera necesidad en supermercados.
“Las tarjetas monedero suponen una apuesta por políticas que protejan la dignidad y combatan la estigmatización”, subrayó Bustinduy, agradeciendo a Cruz Roja por su colaboración en la implementación de este sistema. En este sentido, destacó que la organización ha apoyado de forma extraordinaria a los gobiernos autonómicos, encargados de gestionar el programa en sus respectivos territorios, durante su primer año de funcionamiento. “Cruz Roja ha llevado a cabo esta labor temporal con eficacia y dedicación”, añadió el ministro.
Cuando se lanzó este programa en abril, se estimó que alcanzaría a 70.000 familias durante su primer año de transición, antes de que las Comunidades Autónomas asuman su gestión exclusiva en 2025. Se espera que esta transición comience en el segundo trimestre del próximo año, ya que las familias podrán seguir utilizando las tarjetas monedero recibidas en 2024 hasta el 31 de marzo de 2025, dado que las tarjetas se recargan de forma trimestral. Así, aunque el reparto de las tarjetas concluirá este mes, el 31 de diciembre, los gobiernos autonómicos dispondrán de tres meses adicionales para completar la implementación del programa en sus respectivos territorios.
El sistema de tarjetas monedero fue aprobado de manera unánime por todos los gobiernos autonómicos en 2021 para reemplazar el antiguo Programa FEAD. Su implementación en 2024 ha permitido proporcionar una alternativa a las miles de personas a las que está destinado este programa. Estas son personas en situación de privación material severa que tienen a su cargo niñas, niños o adolescentes, según lo establece el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), que financia estas ayudas. Las bases del FSE+ especifican que los fondos deben destinarse principalmente a la lucha contra la pobreza infantil, complementando otros programas que proporcionan alimentos a personas en situación de vulnerabilidad.
El programa destinado a apoyar a las familias en situación de vulnerabilidad económica ha comenzado a distribuirse a través de tarjetas monedero recargadas con fondos para la compra de alimentos y productos de primera necesidad en supermercados adheridos al proyecto, como Carrefour, Alcampo, Eroski-Caprabo, Spar Gran Canaria, Más y Más, Alimerka y Dinosol. “Gracias a este nuevo sistema, estas familias no tienen que acudir a las llamadas colas del hambre y optan a más productos, incluyendo alimentos frescos o productos básicos de higiene, que antes no podían recibir”, ha destacado Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales y Consumo.
El monto que reciben las familias en sus tarjetas varía en función del número de miembros del hogar. Las unidades familiares compuestas por dos personas reciben 130 euros mensuales, mientras que las de más de cuatro miembros obtienen 220 euros al mes.
Bustinduy también ha subrayado la colaboración del ministerio con los gobiernos autonómicos para garantizar el éxito de este sistema en su primer año de implementación. En abril, la Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales del ministerio constituyó un grupo de cooperación técnica con las Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, con el fin de dar seguimiento al Programa Básico del FSE+, nombre oficial de la iniciativa. Desde entonces, se han celebrado cinco reuniones oficiales, y el ministerio ha respondido a 45 consultas a través del buzón de correos de servicios sociales habilitado para ello, además de resolver decenas de consultas por teléfono y correo electrónico.
El ministro también ha agradecido a aquellos gobiernos autonómicos que ya han comprometido el 100% del presupuesto asignado al programa, calificando su implementación de “ágil y eficaz”. Asimismo, ha instado a los ejecutivos regionales que aún no lo han hecho a acelerar el despliegue del sistema.
