José Antonio Cabrera. ASSOPRES 

Según Confilegal, “Los Ministros de Sanidad de los 27 países de la Unión Europea, entre los que se encontraba el español Salvador Illa, abordaron, en fecha tan temprana como el 13 de febrero pasado, la amenaza del COVID-19, en el marco del Consejo de Empleo, Política Social, Salud y Asuntos del Consumidor”.

La consecuencia directa de aquella reunión fue la adopción de una serie de conclusiones, de las que se desprende que todos los asistentes fueron completamente conscientes del riesgo que representaba, el coronavirus para sus respectivos países. Todos ellos. Los 27. Incluido el Ministro español.

Es más, en dicho reunión, los ministros de Sanidad, instaron a la Comisión Europea, a que se movilizara promoviendo, entre los 27 Estados, aquellas medidas precisas, preventivas, para proteger y salvar vidas, optimizando los costes.

También “la aplicación coherente y adecuada de normas para las contramedidas no farmacéuticas, como el aislamiento, la cuarentena y la limitación de los contactos sociales, sobre la base de la evolución actual de la situación epidemiológica, en consonancia con el asesoramiento científico del CEPCE y la OMS”.

El objetivo principal era minimizar “el riesgo de un aumento de casos de COVID-19”.

Además, ya desde el 17 de enero, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (CEPCE), la Agencia Europea cuyo cometido es luchar contra las enfermedades contagiosas y otras amenazas graves para la salud, mediante un Sistema de Alerta y Respuesta Temprana, había venido avisando del peligro del COVID-19, según la información a la que ha tenido acceso la Agencia ASSOPRESS.

Luego, el 30 de enero, la Organización Mundial de la Salud (OMS), ya había declarado que el brote de COVID-19 era una Emergencia de Salud Pública de importancia internacional.

El ministro de Sanidad de España, Salvador Illa, tomó parte en las dos reuniones del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Asuntos del Consumidor de la Unión Europea, para abordar la amenaza del COVID-19; fue en dos reuniones, una el 13 de febrero y otra el 6 de marzo.

El CEPCE, en su tercer informe de Evaluación Rápida del Riesgo (ERR) sobre la amenaza del COVID-19, elaborado el 26 de enero ya advirtió que “según la ERR, el impacto de la detección tardía de un caso importado, en un país de la UE/EEE sin la aplicación de las medidas adecuadas de prevención y control de la infección sería elevado, por lo que en ese escenario, se estima que el riesgo de transmisión secundaria en el ámbito comunitario, es muy alto”.

Seis días después, el 31 de enero, escribió, en su cuarto ERR, “hay una alta probabilidad de importación de casos en los países con mayor volumen de personas que viajan hacia y desde Wuhan (es decir, los países de Asia); y hay una probabilidad moderada ,de detectar casos importados en los países de la UE/EEE“.

El quinto informe, fechado el 2 de marzo, el CEPCE pasó el ERR de paso del riesgo de contagio entre los ciudadanos europeos, de moderado a alto.

Hasta ese 2 de marzo, el Comité de Seguridad Sanitaria de la UE, que en colaboración con la Comisión coordina la comunicación de riesgos y crisis, ya había realizado diez reuniones para responder a la amenaza, cada vez más material, del COVID-19.

Ese mismo día, la Presidencia del Consejo de la Unión Europea, de este primer semestre, puso en modo de activación plena, el Dispositivo de Respuesta Política Integrada a las Crisis, activado en modo de puesta en común el 28 de enero.

Para preparar la siguiente sesión del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Asuntos del Consumidor, que se celebraría el 6 de marzo, con la asistencia de los ministros de Sanidad de los 27, entre los que se encontraba el español Salvador Illa,  la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea elaboró un informe preparatorio en el que ya se constataba la preocupación sobre el aumento significativo de casos de COVID-19 en Italia, España y en otros Estados.

La sexta actualización del ERR del CEPCE sobre el coronavirus, datada el de 12 de marzo, afirmaba que el riesgo de enfermedad grave por COVID-19 “se considera moderado para la población general y alto para los adultos mayores y las personas con afecciones crónicas subyacentes”.

Dos días más tarde, al final, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, declaró el estado de alerta y el confinamiento de todos españoles en sus casas durante quince días, que ahora se ha prolongado por otros quince, para hacer frente a la Pandemia del Coronavirus.

A día de hoy, España suma 153.222 infectados y 15.447 muertos, diagnosticados, según estadísticas oficiales, aunque los expertos privados opinan que pueden ser el doble, ya que no se han hecho los Test (porque no se disponía de ellos) a muchos ancianos que han fallecido en sus domicilios, o en Residencias donde se cuentan por miles y sin asistencia de sus familias.