Partido Popular de La Laguna ha criticado duramente la decisión del grupo de gobierno municipal de apoyar una moción del grupo Drago Canarias para estudiar la prohibición de cajetines de llaves en las puertas de viviendas vacacionales. Una medida que, según denuncian los populares, supone “una vulneración directa del derecho a la propiedad privada y un ataque ideológico encubierto”.

Juan Antonio Molina, portavoz del grupo popular, ha señalado que “es inaceptable que el gobierno municipal, encabezado por Coalición Canaria y el Partido Socialista, esté dispuesto a negociar los desmanes que se le ocurren a Drago Canarias en materia de vivienda. Estamos hablando de una medida arbitraria, que trata de disfrazar de legalidad una clara persecución al modelo de vivienda vacacional”.

Para el PP lagunero, la incoherencia del grupo de gobierno es “flagrante”, al tratarse de los mismos partidos que impulsan —o bloquean, según les conviene— la regulación regional de la vivienda vacacional en el Parlamento de Canarias. “Coalición Canaria forma parte del Gobierno autonómico que quiere aprobar la ley, mientras que aquí, en La Laguna, permite que se dé alas a iniciativas que la contradicen. Y el PSOE, que en su momento no quiso impulsar la ley, ahora aparece como abanderado del control local. Es puro cinismo político”, ha afirmado Molina.

El portavoz también ha asegurado que esta moción no busca otra cosa que “desviar la atención del verdadero problema: la incapacidad del gobierno municipal para dar soluciones reales a la vivienda en el municipio”. Según Molina, “como Drago no ha logrado eliminar las viviendas vacacionales por la vía legal, ahora intentan asfixiarlas con normativas absurdas, como la prohibición de los cajetines”.

Desde el PP consideran que esta decisión marca un nuevo episodio en lo que califican como “una deriva ideológica profundamente tendenciosa”, por parte de un gobierno que “está dispuesto a limitar libertades básicas con tal de contentar a sus socios radicales”.

“Estamos ante una deslealtad manifiesta hacia los vecinos de La Laguna y un desprecio absoluto al derecho de los propietarios a gestionar sus viviendas dentro del marco legal vigente. Lo que se está promoviendo es una política de prohibiciones sin fundamento jurídico ni sentido común”, ha denunciado Molina.

Por todo ello, el Partido Popular exigirá la retirada inmediata de cualquier iniciativa que limite el uso legítimo de las viviendas vacacionales y reitera su compromiso con “la defensa del derecho a la propiedad, la seguridad jurídica y la libertad de los laguneros frente a intentos de imposición ideológica”.