La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de La Laguna ya dispone del proyecto necesario para llevar a cabo, de forma subsidiaria, la demolición del antiguo complejo turístico del Hotel Neptuno, situado en la carretera general de Bajamar y declarado en situación legal de ruina.

El coste de esta intervención se estima en 736.703,85 euros, con un plazo de ejecución aproximado de seis meses. Actualmente, el organismo autónomo está finalizando los trámites para contratar los trabajos.

Este complejo turístico, construido en 1959, incluye un hotel con cerca de un centenar de habitaciones y 27 bungalows independientes, todos abandonados desde su cierre en 2007.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, explica que el expediente ha supuesto “una larga y compleja tramitación administrativa, tanto por la entidad de las edificaciones como por los cambios de titulares que se han producido y la necesidad de resolver los recursos judiciales interpuestos por estos”. Añade que “durante años, hemos visto cómo las construcciones y su entorno se iban deteriorando más y más, no solo dañando la imagen de esta importante zona del municipio, sino convirtiéndose en un riesgo para la seguridad de transeúntes y vecinos. Ahora, al fin, estamos en condiciones de anunciar que los trabajos comenzarán este año y que podremos solucionar esta grave situación”.

Por su parte, el concejal de Ordenación del Territorio y consejero director de la Gerencia de Urbanismo, Adolfo Cordobés, destaca la “especial complejidad de la intervención por las medidas de seguridad que es necesario adoptar, un hecho que repercute en el coste final y lo eleva a casi 737.000 euros”. También señala que “estamos ultimando el expediente para contratar la obra de demolición del complejo, cuyo plazo de ejecución se estima en el proyecto en medio año y que será objeto de licitación pública en los próximos meses. Los costes, tanto de la redacción del proyecto como de la ejecución de los trabajos, se repercutirán a la sociedad titular del inmueble”.

La declaración de ruina legal del complejo se produjo en mayo de 2019, lo que obligaba al propietario a elegir entre su demolición o rehabilitación. En agosto del mismo año, se notificó un cambio de titularidad del inmueble. La nueva sociedad propietaria expresó en varias ocasiones su intención de rehabilitar el complejo, sin presentar los proyectos correspondientes.

Finalmente, ante el incumplimiento de las obligaciones por parte de los titulares, que ni demolieron ni rehabilitaron el complejo, en agosto de 2023 la Gerencia de Urbanismo decidió proceder con la demolición subsidiaria. La liquidación provisional del coste, incluyendo tanto la redacción del proyecto como su ejecución, será asumida por la sociedad propietaria del inmueble.