El documento contempla medidas concretas para actuar en caso de inundación, así como las áreas que entrañan un mayor riesgo de padecerla, localizadas en San Sebastián, la Playa de Alojera, Playa Santiago y desde Vueltas hasta Playa Calera, en Valle Gran Rey.

El Pleno del Cabildo de La Gomera aprobó de forma provisional, este viernes, el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación en la Isla, elaborado por el Consejo Insular de Aguas, con el objetivo de articular una serie de medidas que hagan frente a las consecuencias del cambio climático, entre las que se encuentran las inundaciones.

El plan evalúa la situación actual y aporta una previsión de riesgos de inundación. Además, contempla de forma pormenorizada diferentes aspectos del ámbito terrestre y marino, así como de los sectores que se ven afectados por el cambio climático y a los cuales realiza una serie de recomendaciones para paliarlo. Entre los aspectos puestos de relieve en el documento figuran las infraestructuras preparadas para la llegada de ciclones y tormentas a la Isla, así como los riesgos en la salud de las personas por el incremento de las olas.

El presidente del Cabildo insular, Casimiro Curbelo, destaca la relevancia de este documento, ya que según explica, “se trata de una herramienta fundamental a la hora de prevenir y actuar ante posibles riesgos de inundaciones, lo que nos confiere un marco de seguridad y protección ante los nuevos retos meteorológicos para los que debemos estar preparados”.

Curbelo aclara que la memoria define las áreas que entrañan un mayor riesgo potencial de sufrir inundaciones. “Se trata de tramos de costa con una significativa concentración en sus proximidades de zonas con vulnerabilidad alta a las inundaciones como es San Sebastián de La Gomera, Playa Santiago, la Playa de Alojera y desde Vueltas hasta Playa Calera, en Valle Gran Rey”, detalló.

El presidente insular informa que el documento elaborado persigue ocho objetivos que se resumen en los siguientes: el incremento de la percepción del riesgo de inundación y de las estrategias de autoprotección en la población, los agentes sociales y económicos; mejorar la coordinación administrativa entre todos los actores involucrados en la gestión del riesgo y en todas las etapas; mejorar el conocimiento para la adecuada gestión del riesgo de inundación; mejorar la capacidad predictiva ante situaciones de avenida e inundaciones; contribuir a mejorar la ordenación del territorio y la gestión de la exposición en las zonas inundables; conseguir una reducción del riesgo a través de la disminución de la peligrosidad para la salud humana, las actividades económicas, el patrimonio cultural y el medio ambiente en las zonas inundable; mejorar la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad de los elementos ubicados en las zonas inundables y contribuir a la mejora o al mantenimiento del buen estado de las masas de agua a través de la mejora de sus condiciones hidromorfológicas.

En este sentido, el documento articula medidas concretas relacionadas con cada uno de estos ocho objetivos que pasan por trabajos de adecuación de los cauces de los barrancos para minimizar los daños producidos por las lluvias torrenciales, la adaptación del planeamiento urbanístico para respetar la servidumbre de los cauces naturales de agua, así como el impulso para el desarrollo de los planes locales de Protección Civil que determinen el protocolo de actuación en caso de inundaciones, entre otras.