La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo han formalizado un convenio de colaboración para impulsar la construcción de 21 nuevas viviendas protegidas de promoción pública. Este acuerdo tripartito tiene como objetivo principal incrementar el parque público de alquiler en el municipio del norte de Tenerife.
El proyecto cuenta con un presupuesto total de ejecución que asciende a 4.482.175,37 euros. La financiación de los inmuebles se articula a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), organismo dirigido por Antonio Ortega, y el Área de Cooperación Municipal y Vivienda del Cabildo insular.
Desglose de la financiación y competencias
Según los términos del convenio suscrito por la Consejería que dirige Pablo Rodríguez, el coste de la actuación se reparte de la siguiente manera:
El 60% será aportado por el ICAVI, lo que supone una inversión de 2.689.305,22 euros.
El 40% restante será financiado por el Cabildo de Tenerife, con un importe de 1.792.870,15 euros.
En cuanto al reparto de responsabilidades administrativas, el Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo ha sido el encargado de ceder los terrenos necesarios para la edificación. Por su parte, el Cabildo de Tenerife asumirá la gestión técnica del proyecto, siendo la institución responsable de la licitación, contratación y ejecución de las obras.
Ubicación y detalles técnicos
La promoción se desarrollará en una parcela de 2.256 metros cuadrados situada en la carretera general TF-217, concretamente en los números 133 y 135. El cronograma previsto para la finalización de los trabajos establece un plazo estimado de ejecución de 20 meses.
El proyecto no se limita exclusivamente a la edificación de los inmuebles; la actuación contempla también la urbanización del terreno circundante. Estas obras complementarias dotarán a la zona de los servicios básicos esenciales, con el fin de garantizar un entorno funcional y adecuado para los futuros inquilinos.
Desde las administraciones firmantes señalan que este tipo de acciones colaborativas buscan no solo ampliar la oferta de vivienda pública en alquiler, sino también impulsar el desarrollo urbanístico del municipio, mejorar el entorno urbano y fomentar la cohesión social mediante la integración de los nuevos residentes en la comunidad local.
