El Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife ha aprobado la adjudicación de un contrato mixto destinado a la redacción del proyecto y la ejecución de las obras para edificar veintiuna viviendas de promoción pública en el municipio de La Victoria. La actuación, tramitada por la vía de urgencia, ha recaído sobre la empresa Falisa SL por un montante exacto de 4.160.815,21 euros.

El coste total de este desarrollo inmobiliario se distribuirá a lo largo de tres anualidades, extendiendo el plazo económico hasta el año 2028. Los fondos proceden de un modelo de cofinanciación en el que el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) asume el 60% del importe, mientras que la administración insular se hace cargo del 40% restante. El origen de esta actuación radica en la colaboración del propio Ayuntamiento de La Victoria, que ha podido ceder el terreno necesario al ICAVI tras acogerse al programa ‘Activa Suelo’, una línea de financiación del Cabildo dirigida a facilitar a los consistorios la compra de parcelas para uso habitacional.

La obra norteña se enmarca dentro de una estrategia más amplia derivada del convenio marco suscrito con el Gobierno de Canarias a través del ICAVI. Este acuerdo general supone la movilización de 59 millones de euros en toda la isla, aportando el Cabildo 25 millones de ese total. Con cargo a este mismo instrumento de planificación territorial ya se ha impulsado la construcción de otras remesas de inmuebles públicos en diferentes localidades: 90 viviendas en San Miguel, 47 en Granadilla, 30 en Güímar, 29 en El Rosario, 27 en Los Realejos, 24 en Arafo y 17 en Santiago del Teide.

Junto a la edificación de nueva planta y la compra de suelo, las políticas de cooperación municipal en esta materia se completan con el programa ‘Activa Vivienda’. A través de este recurso complementario, la institución trabaja en la adquisición y el acondicionamiento de inmuebles ya existentes para destinarlos al alquiler social en otros 21 municipios de la isla.

La consejera de Vivienda, Sonia Hernández, ha valorado esta reciente adjudicación como una pieza fundamental de la planificación insular desarrollada desde el arranque del mandato. Desde su departamento señalan que el propósito de estas medidas integrales es convertir a la administración en un agente activo que aporte soluciones reales y atenúe los crecientes problemas de la población para acceder al actual mercado de la vivienda.