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Santa Cruz insta a Visocan a prestar atención a las familias en riesgo en las viviendas de Añaza

El alcalde José Manuel Bermúdez expresa su descontento por la falta de respuesta del consejero autonómico y subraya la importancia de tener una opción de vivienda alternativa para aquellos que están en medio de procedimientos judiciales de desalojo.

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José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz, expresó su preocupación el martes hacia Visocan, la empresa pública, al no haber recibido respuesta del consejero autonómico del área, Pablo Rodríguez Valido. Esta falta de respuesta sigue al envío de un escrito el 24 de noviembre desde el Ayuntamiento, donde se exigía la suspensión de desahucios de familias en situación de vulnerabilidad.

El alcalde hace hincapié en la necesidad inmediata de atención para las personas y familias afectadas por los procedimientos judiciales de desalojo en Añaza. Asimismo, reitera la urgencia de proporcionar una alternativa habitacional para aquellos en esta delicada situación.

El alcalde de Santa Cruz y diputado autonómico, José Manuel Bermúdez, expresó su pesar por la falta de respuesta a sus múltiples iniciativas presentadas en el Parlamento. Entre estas iniciativas se encuentra una solicitud de documentación el 21 de noviembre, aún sin respuesta, y las interpelaciones directas al consejero de Vivienda del Gobierno canario. Bermúdez señaló que esta falta de respuesta evidencia una “indiferencia hacia los más vulnerables”, lo cual considera inadecuado en una administración pública.

En su rol como diputado, Bermúdez registró hoy mismo una pregunta oral para el Pleno del Parlamento autonómico. Esta pregunta busca que el consejero responda sobre la aparente falta de respuesta a sus requerimientos, especialmente en relación con la regularización de la situación de las familias afectadas por desahucios, teniendo en cuenta las particularidades de cada caso.

El Ayuntamiento de Santa Cruz insiste en que es responsabilidad de Visocan responder a las familias afectadas por los desahucios. Además, reitera su exigencia de paralizar los desalojos de personas vulnerables que están recibiendo atención por parte de los servicios sociales municipales.

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