Isabel Rodríguez, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, lideró recientemente una reunión de la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana. En ella, se discutió el impacto de los alojamientos turísticos en la vivienda residencial asequible con los representantes de las comunidades autónomas.

Rodríguez anunció que, en colaboración con el Ministerio de Industria y Turismo, se adelantará la implementación del reglamento europeo que recopila datos de alojamientos turísticos. Esto permitirá la creación de una plataforma estatal para compartir datos y regulaciones sobre estos alojamientos con las comunidades autónomas, con el objetivo de combatir el fraude.

En la reunión estuvieron presentes la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez Grau, los consejeros autonómicos, los representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas; el secretario general de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura, Iñaqui Carnicero; y la directora general de la entidad pública empresarial de Suelo (SEPES), Leire Iglesias.

El objetivo es implementar el Reglamento sobre la Recogida y el Intercambio de Datos Relativos a los Servicios de Alquiler de Alojamientos de Corta Duración. “Ahora, disponemos de una normativa vigente en el seno de la Unión Europea que nos va a permitir a las administraciones públicas contar con mejores datos para poder afrontar este fenómeno y perseguir el fraude”, explicó Rodríguez.

Los representantes de las comunidades autónomas acogieron con agrado el Registro Estatal y, en su mayoría, solicitaron que la propuesta conjunta del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y el Ministerio de Industria y Turismo se implemente lo antes posible.

Varios informes nacionales e internacionales indican que en nuestro país hay un aumento significativo de los alojamientos turísticos, lo que está reduciendo la oferta en el mercado residencial y aumentando su precio. “Para afrontar este fenómeno, necesitamos datos públicos y oficiales para dar respuesta a esta situación y perseguir el fraude”, señaló Rodríguez.

La propuesta de MIVAU y Turismo se basa en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, “y con ese reglamento disponemos ahora de una nueva normativa vigente, desde el pasado 20 de mayo, que nos dota de herramientas para atender esta situación”, explicó la ministra.

Rodríguez, junto con Turismo, propuso a las comunidades autónomas “adelantar el cumplimiento del reglamento para que la plataforma pueda estar en vigor a lo largo del 2025, yendo por delante que las previsiones de la UE”. El objetivo del Ministerio de Vivienda y del de Turismo es que “de forma colaborativa podamos implementar todas las medidas necesarias que impliquen la priorización del uso residencial de la vivienda frente a cualquier otro”.

“Hemos de primar siempre la vivienda sirva como hogar y, por tanto, cuando este se siente amenazado ante el incremento o el abuso de otros usos, todas las administraciones públicas que somos competentes, hemos de actuar para dar respuesta a esta circunstancia”, añadió Rodríguez.

Rodríguez también destacó la importancia de las comunidades autónomas y los ayuntamientos en el manejo de este asunto y propuso que “la Conferencia Sectorial Multilateral, en colaboración con el Ministerio de Industria y Turismo, pueda abordar la puesta en común de las normativas regionales, municipales y de la Administración General del Estado, además de la puesta en marcha y el desarrollo de este registro”.

“Nosotros abogamos por un turismo de calidad, sostenible y desestacionalizado. Es un sector importantísimo en nuestro país, pero que hay que conciliar cuando esto entra en confrontación con el desarrollo de las vidas íntimas y personales y con el derecho a la vivienda. Un turismo que llegue a zonas donde todavía no había llegado, pero se hace necesaria la regulación cuando afectando al acceso a la vivienda”, enfatizó también Rodríguez.