Los delitos de usurpación y allanamiento de inmuebles cometidos por extranjeros han tenido un ascenso alarmante desde el 2018, alcanzando cifras que ya superaron los 4.000 casos en 2023.

Se mira con preocupación que, mientras que en 2018 apenas un 29% de ese tipo de delitos eran cometidos por extranjeros, en 2023 el porcentaje se disparó a un 52%.

Mientras tanto, la Ley propuesta para aplicar medidas más contundentes ante este fenómeno aún sigue en proceso de aprobación.

Ocupaciones Ilegales por Extranjeros se Multiplica por Diez

Desde 2020 la mitad de las personas detenidas o investigadas por delitos de ocupación de viviendas son extranjeras.

De hecho, las estadísticas indican que en el año 2022, de las más de 9.000 personas detenidas o investigadas por este tipo de delito, alrededor de 4.900 era de origen extranjero.

Muchos han relacionado este fenómeno con la gestión gubernamental actual. Al respecto, en 2018 (primer año del Gobierno de Pedro Sánchez), los delitos de usurpación y allanamiento de inmuebles cometidos por extranjeros era de unos 447.

Esta cifra aumentó de forma alarmante con el paso de los años, hasta que en 2023 alcanzó los 4.903 casos.

Incluso, de acuerdo con los datos obtenidos por el Ejecutivo, la cifra total de este tipo de delitos es aún más preocupante: Desde 2018 han pasado de ser unos 1.548 casos a registrarse en el año 2023 unos 9.459.

Las Principales Ciudades Sufren la Ausencia de Medidas Efectivas

En el índice de delitos por usurpación en cada una de las Comunidades Autónomas, se sitúa a Cataluña en el top del ranking.

En la región catalana se reportaron el año pasado unos 6.659 casos, de los cuales 3.912 fueron cometidos por extranjeros.

Por lo tanto, un porcentaje del 59% dice mucho acerca del problema migratorio en la región.

Si nos vamos al ámbito nacional, la Comunidad de Madrid reporta alrededor de 943 casos, Andalucía 601 y la Comunidad Valenciana unos 334.

Por otro lado, regiones como Rioja, Navarra, Cantabria y Melilla experimentan un menor número de delitos de esta índole, sumando entre las cuatro unos 44 casos en total.

La Situación de la Ocupación Ilegal en Canarias

Según datos proporcionados por el Ministerio del Interior a EFE, en Canarias se ocupan 2 casas al día. Debido al vacío legal al cual se enfrenta el país con esta lacra, las empresas de desokupa en Tenerife están desbordadas de trabajo. Desde septiembre del año pasado, la ocupación ha aumentado en 52 casas ocupadas ilegalmente en las Islas con respecto al mes anterior. Lo que aumenta a 434 viviendas frente a las 382 del mes agosto.

Mientras, en el conjunto de España las ocupaciones ilegales de pisos bajaron un 11% en los ocho primeros meses del año, Canarias rompe la tendencia y aumenta junto a Asturias, Cantabria, Galicia y el País Vasco.

Estos datos preocupantes en el aumento de la ocupación, junto a la escasez de vivienda y el aumento de las licencias de vivienda vacacional en Canarias,  provocan que los alquileres de la vivienda se encuentren en máximos nunca vistos hasta el momento.

Actualmente según estudios realizados por Solventis, “el acceso al alquiler de una vivienda en Canarias está provocando un esfuerzo financiero un 36% superior a la media española”

Las Infracciones Penales e Investigaciones por Allanamiento muestran una Tendencia Descendente

Y sumado a esto, a día de hoy no se cuenta con una Ley Orgánica aprobada (aún está en discusión por la Mesa del Congreso) para desalojar las viviendas usurpadas en 24 horas.

De hecho, la iniciativa propuesta también contempla como sanción 3 años de prisión a los autores.

Por lo tanto, a falta de una ley vigente, este fenómeno de okupación ilegal de viviendas continúa generando graves perjuicios económicos en España, sin mencionar el estado constante de alerta que produce en la población en general.

Y es que no es para menos, tomando en cuenta que tan solo en el año 2020, las infracciones penales por usurpación y allanamiento se dispararon desde las 14.792 para alcanzar las 17.274 en 2021.

De hecho, la plataforma de Afectados por la Ocupación denuncia que hasta la fecha habría unos 100.000 inmuebles okupados en todo el territorio español.