La tinerfeña, trabajadora con contrato indefinido, acumuló préstamos para arreglar la vivienda donde reside y se vio obligada a dejar de pagar cuando su pareja sufrió un ERTE y ella sola tuvo que asumir la cuota que hasta entonces pagaban a medias.

El Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Tenerife ha exonerado el 100% de las obligaciones de pago contraídas por la interesada de forma definitiva, al comprobar que era una deudora “de buena fe”.

La Asociación de Ayuda al Endeudamiento ha cerrado este expediente en tres años amparándose en la Ley de la Segunda Oportunidad.

Recomponerse financieramente tras varias experiencias fallidas

La protagonista de esta historia, aunque no casa, reside con su pareja en una vivienda propiedad de esta. Para arreglar algunos desperfectos, en 2018 solicitó a su nombre varios créditos que hasta 2020 pudo atender. El problema llegó cuando se vio ella sola como única con ingresos para afrontar la deuda, ya que su marido sufrió un ERTE que lo dejó sin posibilidad de aportar su parte.

El bucle de comisiones por impago y amenazas telefónicas no tenía fin. Esto generó que la deuda e intereses siguieran aumentando hasta llegar a una cuantía de 34.348,83 euros. Tras empezar a recibir llamadas de empresas de recobro y avisos de embargos sobre su nómina -apenas 1.300 euros mensuales-, decidió tomar cartas en el asunto.

Fue entonces cuando, en 2020, acudió a la Asociación de Ayuda al Endeudamiento, entidad sin ánimo de lucro, con experiencia ayudando a deudores insolventes en el Archipiélago Canario desde 2015. Tras estudiar su caso, los abogados de la entidad le aconsejaron declararse insolvente y acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad.

“Era una situación que cuadraba con lo que exige la Ley de la Segunda Oportunidad: no tenía (ni tiene) antecedentes penales por estafa, robo, blanqueo de capitales…, no se había beneficiado ya de esta norma con anterioridad y objetivamente, con 1.300 euros al mes, no podía pagar en cuotas de préstamos casi 800, como venía haciendo algunos meses antes”, confiesa Pepe Domínguez, uno de los letrados integrantes de la Asociación.

Ser una deudora de “buena fe’’

Para acogerse al procedimiento es necesario cumplir una serie de requisitos, pero sobre todo, que el Juez entienda sin duda alguna que el solicitante es un deudor “de buena fe”.

Domínguez confirma que “la buena fe siempre se presume hasta que haya indicios de lo contrario”, siendo los presupuestos objetivos que se revisan normalmente los siguientes: la insolvencia del interesado, no haberse acogido a la Ley de la Segunda Oportunidad en los últimos 5 años y carecer de delitos de orden socioeconómico.

Esta resolución definitiva dictada el 18 de julio concediendo el BEPI (Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho) ha supuesto dejar a esta tinerfeña libre de pagar 34.348,83 euros. Desde entonces, los acreedores no podrán reclamar ningún pago más a la ya ex-deudora ni incluirla en ficheros de morosos.

No es la primera sentencia de perdón de deudas conseguida por la Asociación de Ayuda al Endeudamiento en Canarias este año. Con esta ya son más de 1.030.000 euros exonerados en las Islas en 2023. Todas sus sentencias son de libre acceso en la web de la Asociación de Ayuda al Endeudamiento.