En una rueda de prensa celebrada este jueves, la alcaldesa de Granadilla de Abona, Jennifer Miranda (PSOE), compartió importantes novedades en materia de vivienda. La regidora destacó que, tras finalizar el periodo de consulta pública el pasado 25 de septiembre, este mes de octubre se prevé la aprobación inicial de una ordenanza provisional destinada a regular el uso vacacional de las viviendas en el municipio sureño.
La alcaldesa explicó que el objetivo principal de esta medida es incrementar el número de viviendas disponibles para el alquiler en régimen permanente, desviando el uso vacacional. “Con esta ordenanza pretendemos que la gente decida alquilar sus viviendas de forma permanente en lugar de en régimen vacacional”, afirmó, al tiempo que subrayó que esta normativa busca resolver los conflictos que surgen en las comunidades de propietarios debido a la convivencia entre residentes y turistas.
Miranda: “La propuesta no busca prohibir el uso vacacional, sino regularlo”
La regidora explicó que la nueva ordenanza provisional no busca prohibir la vivienda vacacional, sino regularla de manera efectiva. La normativa se enfocará en aquellas propiedades que se encuentren aisladas, es decir, aquellas que no estén ubicadas dentro de comunidades de propietarios. También se incluirán viviendas dentro de comunidades que tengan acceso independiente o estén situadas en planta baja.
En este sentido detalló que, “si esta ordenanza llega a aprobarse de manera definitiva, tiene que pasar todos los cauces legales. Aprobaremos inicialmente en octubre, habrá un periodo de exposición pública, y posteriormente se resolverán alegaciones si las hay, para luego aprobarse de manera definitiva”. Con esto, las futuras autorizaciones en materia vacacional estarán limitadas exclusivamente a las viviendas que estén aisladas o que, estando dentro de comunidades de propietarios, se encuentren en planta baja o tengan acceso independiente. “Cualquier otra vivienda que no cumpla con estos requisitos no será autorizada”, aseguró Miranda.
La alcaldesa aclaró que esta medida no afectará a las viviendas vacacionales que ya cuentan con autorización, ya que “respetaremos dichas autorizaciones, como no puede ser de otra manera”. Sin embargo, sí se aplicará a futuras solicitudes. Miranda resaltó que aproximadamente el 70% de la oferta de viviendas vacacionales en Granadilla de Abona no cuenta con la debida autorización.
Peticiones para la vivienda vacacional “casi se han duplicado”
Miranda también destacó el impacto del reciente borrador de normativa publicado por el Gobierno de Canarias, que, según su análisis, ha provocado un aumento significativo en las solicitudes de autorización para el uso vacacional. “Hemos pasado de recibir unas 70 solicitudes a cerca de 170”, reveló, enfatizando que esto demuestra que el efecto del borrador ha sido “contrario a lo esperado”.
En ese sentido destacó que, aunque existen alrededor de 400 autorizaciones de vivienda vacacional concedidas, la oferta real supera las 1,300 propiedades. Este desbalance, según la alcaldesa, tiene un impacto directo en el mercado de vivienda residencial, afectando a aproximadamente 1,000 personas que están registradas como demandantes de vivienda en el municipio.
La alcaldesa explicó que la gran cantidad de viviendas vacacionales disponibles en plataformas digitales contribuye a agravar el problema de acceso a la vivienda que enfrentan muchos residentes de Granadilla. A su criterio, este fenómeno genera una clara relación entre la proliferación de viviendas vacacionales y la dificultad que tienen los vecinos para encontrar opciones de vivienda asequible.
Así mismo afirmó que la ordenanza tiene como propósito garantizar el acceso a una vivienda digna, un derecho que, según ella, debería ser fundamental. “No se trata de prohibir, sino de regular para generar un bien mayor”, subrayó, haciendo hincapié en la importancia de abordar tanto el problema del acceso a la vivienda como la convivencia en la zona costera.
