Este jueves, el Ayuntamiento de Granadilla de Abona llevó a cabo una rueda de prensa donde se presentaron un conjunto de medidas destinadas a abordar la creciente crisis de vivienda en el municipio sureño. La alcaldesa Jennifer Miranda y el concejal de Bienestar Comunitario y Vivienda, Adán García, acompañaron al concejal de Régimen Interno, Educación y Atención Ciudadana, David Santos Delgado, en esta importante convocatoria.

Durante su intervención, Santos destacó la necesidad urgente de abordar el problema de la vivienda. “Consideramos que es uno de los problemas principales que sufren hoy los ciudadanos y ciudadanas de nuestro municipio”, afirmó. Subrayó que el constante incremento en los precios de los alquileres y la falta de vivienda pública han sido una constante en los últimos años, sin que el ayuntamiento haya implementado políticas efectivas en respuesta.

El portavoz recordó que, al asumir el cargo hace poco más de un año, la alcaldesa Miranda marcó como prioridad colocar la vivienda “no solo en el centro del debate público, sino también en el centro de las medidas” que el gobierno local debe adoptar.

Por su parte, Jennifer Miranda destacó la crisis de acceso a la vivienda como uno de los principales problemas que enfrentan los ciudadanos, no solo del municipio, sino de toda Canarias. “El acceso a la vivienda tiene que ser uno de los vértices de cualquier política a nivel competencial, y para nosotros, a nivel municipal, ha sido desde el comienzo un tema prioritario”, afirmó Miranda.

La alcaldesa subrayó el alarmante incremento de los precios de alquiler, que han aumentado más de un cien por cien en los últimos cinco años. Actualmente, según los datos del consistorio, hay un aumento en la demanda con más de 1,000 personas que están inscritas como demandantes de vivienda en Granadilla. “Estos números son solo aproximados porque sabemos que son muchísimas las familias que no pueden costearse un alquiler en cualquier parte del sur de Tenerife”, indicó.

La regidora también hizo hincapié en que la crisis de vivienda no afecta solo a los municipios turísticos, sino que “ya hay municipios como Granadilla que no son turísticos sufriendo las consecuencias de la ausencia de políticas de vivienda”. Para abordar esta problemática, el Ayuntamiento ha diseñado una estrategia a corto y medio plazo que contempla distintas medidas.

Miranda: “No tenemos fórmulas mágicas para resolver este problema, pero sí tenemos una hoja de ruta clara de cómo abordarlo”

Una de las acciones más relevantes anunciadas por la alcaldesa es la ya conocida cesión de más de 3,000 m² al Instituto Canario de la Vivienda, lo que permitirá la construcción de 59 viviendas públicas en San Isidro antes de finalizar el año. Una vez en el mercado, estas tendrán un coste de alquiler asequible. Además, se ha conseguido desbloquear la situación de los Hinojeros, que contará con cerca de 300 viviendas accesibles. “Con estas dos medidas, vamos a conseguir poner en el mercado a precio asequible casi 350 viviendas en menos de dos años que llevamos de gobierno”, explicó.

Miranda destacó que este avance en el acceso a la vivienda es significativamente mayor que lo realizado en toda la historia del municipio. “En comparación con la política que promueve el Gobierno regional, que habla de poner a disposición de los canarios unas 1,000 viviendas en esta legislatura, nosotros, en apenas dos años, vamos a conseguir casi 350 viviendas a precio asequible solo en Granadilla”, indicó.

Además, la alcaldesa anunció la inminente licitación de un contrato para la compra de vivienda terminada, por un importe cercano a 3,000,000 de euros, que se financiará con fondos propios y una subvención del Cabildo de Tenerife. Esta iniciativa busca generar una nueva bolsa de viviendas municipales cien por cien públicas. “Calculamos que serán en torno a unas 30 viviendas las que podremos adquirir con esos casi tres millones de euros que vamos a licitar en próximas fechas”.

Destacó la aprobación definitiva de la reparcelación del sector noroeste, ubicado en San Isidro. Este sector, que cuenta ya con un proyecto de reparcelación definitivo y cuya urbanización se está redactando, permitirá la construcción de unas 870 nuevas viviendas, de las cuales aproximadamente el 40% serán viviendas protegidas. “Cuando consigamos urbanizar ese sector, vamos a tener casi otras 340 viviendas”, afirmó Miranda.

Alegaciones al borrador de protocolo para la aplicación de las zonas tensionadas publicado por la Consejería de Vivienda

Además, la alcaldesa anunció una quinta medida ya conocida, como la solicitud al Gobierno de Canarias la realización de estudios para la declaración de zonas tensionadas en Granadilla. “Esto no quiere decir que todos los barrios de nuestro municipio vayan a ser considerados tensionados, sino que el gobierno canario tiene la obligación de estudiar qué zonas están especialmente tensionadas desde el punto de vista del alquiler”, explicó.

La solicitud presentada por el Ayuntamiento de Granadilla para la declaración de zonas tensionadas se complementa ahora esta semana con una propuesta de alegaciones al borrador de protocolo elaborado por la Consejería de Vivienda. La alcaldesa, Jennifer Miranda, destacó que dicho borrador “quita la pelota del tejado del Gobierno de Canarias”, ya que, a pesar de que la competencia para realizar estos estudios recae exclusivamente en el Ejecutivo regional, se está trasladando la responsabilidad a los ayuntamientos.

“Por lo tanto, lo que solicitamos en esas alegaciones presentadas al Gobierno de Canarias, concretamente a la Consejería de Vivienda, en el marco de la FECAM, es que exista corresponsabilidad en dichas declaraciones”, indicó Miranda. Según el documento, no solo se requiere que los ayuntamientos aborden la elaboración de dichos estudios “sin recursos personales y sin recursos económicos”, sino que también se les impone la obligación de establecer la estrategia o la planificación de medidas a adoptar en los próximos años.

Miranda aclaró que, si bien los ayuntamientos tienen competencias para promover vivienda pública, no cuentan con las herramientas necesarias para regular o implementar medidas sobre la vivienda privada. “Esto significa que, si realmente queremos que el sistema de zonas tensionadas funcione de manera efectiva, el Gobierno de Canarias debe asumir su responsabilidad estatutaria y elaborar estos estudios”, insistió la alcaldesa.

En caso de que el Gobierno decida no actuar, Miranda propone que se considere la delegación expresa de competencias a los ayuntamientos, lo que permitiría a estos últimos acceder a los recursos económicos que provengan de la comunidad autónoma y con los medios personales necesarios para llevar a cabo estos estudios de manera eficiente. En este punto, se espera que en las próximas fechas se celebre la comisión en materia de vivienda de la FECAM, donde se conocerá si otros ayuntamientos canarios han presentado o no alegaciones al borrador.

Además de la solicitud para la declaración de zonas tensionadas en el municipio, que aún no ha sido declarada porque corresponde al Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Granadilla ha iniciado una nueva estrategia en materia de vivienda. Esta estrategia está vinculada a la realización de un inventario de edificios en situación de semiconstrucción, es decir, aquellos que quedaron sin terminar durante la crisis inmobiliaria y que actualmente se encuentran en estado estructural.

Granadilla culmina inventario de viviendas semiconstruidas, con mayoría en manos de bancos y fondos de inversión

La alcaldesa, Jennifer Miranda, afirmó que ya han finalizado este inventario y han identificado todos los inmuebles en situación de semiconstrucción en el municipio. “Estamos terminando de acreditar la titularidad de todos ellos”, comentó Miranda, añadiendo que “nos hemos dado cuenta, como ya habíamos anticipado, que la mayor parte de ellos están en manos de entidades bancarias o de fondos de inversión”.

Miranda informó que estos propietarios serán requeridos en las próximas fechas para finalizar las obras y poner las viviendas en el mercado libre, lo que contribuirá a incrementar el parque de vivienda municipal. Sin embargo, también se ha tomado la decisión de que, en caso de que las entidades bancarias o fondos de inversión se nieguen a finalizar las construcciones, “el ayuntamiento podrá asumir de manera escalonada la ejecución subsidiaria de las obras”. Esto implica que el Ayuntamiento se encargará de finalizar los edificios y, al final del procedimiento, podrá quedarse con ellos para convertirlos en viviendas públicas y sacarlas al mercado en régimen de alquiler asequible.

La regidora también se refirió a la prioridad que se otorga a los granadilleros en la adjudicación de viviendas municipales. Las convocatorias para acceder a estas viviendas priorizan el empadronamiento, lo que significa que solo aquellos que cumplan con ciertos requisitos, pueden acceder a ellas.

La alcaldesa de Granadilla, Jennifer Miranda, anunció también la adjudicación de ocho nuevas viviendas públicas a familias del municipio, resaltando que, aunque el número pueda parecer pequeño, representa un cambio significativo en la política municipal. “Estas viviendas llevaban vacías más de tres años, lo que impedía que ocho familias accedieran a alquileres asequibles”, explicó.

Miranda detalló que, tras asumir el gobierno, decidieron revertir la política de la administración anterior, que había optado por no alquilar las viviendas para venderlas en el mercado libre. “Nuestra intención es alquilarlas a precios asequibles”, agregó, subrayando que esta decisión refleja una forma de hacer política más centrada en las necesidades de los ciudadanos.

Además, la alcaldesa adelantó que se está trabajando en una nueva ordenanza provisional para regular el uso vacacional de las viviendas. Esta medida busca resolver el conflicto entre el uso turístico y residencial, limitando las autorizaciones de viviendas vacacionales a aquellas que sean aisladas o que tengan accesos independientes dentro de comunidades de propietarios.

Miranda concluyó mencionando que todas estas medidas, según ella, son “fundamentales” para abordar la crisis de vivienda que enfrentan muchos ciudadanos en Granadilla, especialmente los jóvenes que luchan por emanciparse debido a los altos precios de alquiler. “No se trata de palabras vacías, sino de hechos que evidencian nuestro compromiso por mejorar la situación habitacional en el municipio”, sentenció.

Adán García: “El Ayuntamiento de Granadilla duplica las ayudas para la rehabilitación de viviendas”

Por otra parte, el concejal de vivienda, Adán García, destacó que una de las principales novedades es la apertura del plazo para solicitar ayudas a la rehabilitación de vivienda habitual para personas en situación de vulnerabilidad. “Hemos incrementado la partida a estas ayudas en más del doble de los €70,000 que empleaba el gobierno anterior, pasamos a €150,000 para conceder estas ayudas que estarán limitadas a un máximo de €10,000 por persona”, destacó el concejal.

Según detalla el edil, estas ayudas tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de los propietarios de viviendas, subsanando deficiencias de habitabilidad, funcionalidad o salubridad. Las actuaciones subvencionables incluyen la mejora de la accesibilidad y habitabilidad, así como la instalación de dispositivos de apoyo a personas con diversidad funcional.

También se contemplan la subsanación de deficiencias en fontanería, saneamiento, electricidad, telecomunicaciones y protección contra incendios. Además, se ha introducido la subvención para las obras necesarias para conectar aguas residuales al colector de la red municipal entre otros aspectos.

García también se refirió a las subvenciones solicitadas al Cabildo de Tenerife. “Hemos solicitado una subvención que se denomina “plan activa vivienda“, destinada a la adquisición de 15 viviendas terminadas”, explicó. La aportación del Cabildo asciende a €950,000, pero el Ayuntamiento ha decidido incrementar su contribución a €1,600,000, alcanzando un total de 2,5 millones de euros para esta adquisición. “Si todo va bien, en el año 2025 podemos ponerlas a disposición de los granadilleros y granadilleras”, agregó.

La segunda subvención solicitada es la denominada “plan activa suelo”, para la adquisición de tres parcelas destinadas a la construcción de vivienda. “Hemos presentado un proyecto de tres suelos, tres parcelas para comprar con la subvención del Cabildo de Tenerife, que va a ser de un máximo de €250,000”, afirmó. Las parcelas están ubicadas en la zona de Los Hinojeros, y si se recibe la subvención, se podrá completar la urbanización de dicha área.

Adán García también mencionó una subvención ya concedida por el Cabildo, de €49,000, destinada a un convenio que se firmará con Provivienda. “Este convenio nos permitirá tener 13 recursos alojativos compartidos para personas en riesgo de exclusión social o familias vulnerables”, indicó. Gracias a este acuerdo, se espera que unas 52 personas se beneficien de esta iniciativa, además de gestionar dos recursos de emergencia en San Isidro para mujeres víctimas de violencia de género.

Manual para prevenir desahucios

García destacó un manual de actuación ante los lanzamientos para lograr una “homogenización en intervenciones judiciales”, con el objetivo de proteger a los vecinos afectados por procedimientos de desalojo.

“Son muchos los vecinos que se ven afectados por procedimientos judiciales de desahucios y ejecuciones hipotecarias de viviendas que son propiedad de los bancos o de grandes tenedores”, explicó el concejal. El manual, que responde a la Ley 12/2023 de vivienda, es considerado por el Ayuntamiento como pionero en la materia. “Nos va a servir para evitar que finalmente las familias de Granadilla sean lanzadas de sus viviendas”, añadió García.

El concejal detalló que la estrategia contempla dos vertientes: en primer lugar, los grandes tenedores deberán solicitar un informe de vulnerabilidad al área de Bienestar Comunitario; en segundo lugar, se ofrecerá atención a las familias que se enfrenten a desahucios de viviendas de particulares.

García: “El Gobierno de Canarias tiene la obligación de poner a disposición de los canarios un servicio de intermediación”

El edil enfatizó la responsabilidad del Gobierno de Canarias en esta materia, afirmando que “tiene la obligación de poner a disposición de los canarios un servicio de intermediación” que facilite alternativas habitacionales a las familias en riesgo de desalojo. En este momento el autonómico no cuenta con el servicio, “si no se dispone de ese servicio, el Gobierno de Canarias no está haciendo la tarea”, advirtió.

El Ayuntamiento de Granadilla se comprometió a cumplir con los plazos establecidos para la entrega de informes, resaltando que “tenemos tres meses para responder a esa solicitud de informe de vulnerabilidad y lo estamos haciendo en un plazo de un mes” para agilizar los procedimientos y evitar que las familias vulnerables sean desplazadas de sus hogares.

Además, el concejal informó que los servicios sociales del Ayuntamiento cuentan con dos asesoras jurídicas que brindan apoyo en temas de desahucios y lanzamientos, tanto a grandes tenedores como a personas inmersas en procedimientos de desalojo. “Estamos dando respuesta a las dos partes para evitar que se produzcan los desahucios y que las familias granadilleras sigan teniendo alternativas habitacionales”, sentenció García.

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