El regidor de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, ha emitido una directiva solicitando a la empresa municipal Viviendas, Proyectos y Obras Municipales, S.A., la elaboración de un informe “en el que se recoja el análisis de la concurrencia en el municipio, ya sea en su conjunto o en algún ámbito territorial concreto, de las circunstancias habilitantes para obtener la declaración de zona de mercado residencial tensionada”.

Además, Bermúdez ha ampliado la directiva para que “se detalle en las conclusiones, en el caso que se cumplan las condiciones recogidas en el artículo 18 de la Ley 12/2023, el pronunciamiento sobre la conveniencia de solicitar al Gobierno de Canarias el inicio de los trámites necesarios para la obtención de tal declaración”. También ha solicitado que “al tiempo que debe especificarse su posible impacto sobre el mercado inmobiliario y cualquier otra circunstancia que pueda resultar relevante”.

Es importante señalar que cualquier solicitud de este tipo debe ser presentada por el Gobierno de Canarias, y debe ir acompañada de un plan específico que incluya las medidas necesarias para corregir los desequilibrios identificados en la zona para la que se solicita la declaración.

La relevancia de esta tarea e instrucción se debe a la necesidad de elaborar un informe que justifique, mediante datos objetivos y fundamentados, la existencia de un riesgo especial de insuficiente suministro de viviendas para la población residente si se da el caso de que el coste medio de la hipoteca o del alquiler, más los gastos y suministros básicos, supera el 30% de los ingresos medios o de la renta media de los hogares.

Además, se debe tener en cuenta que el precio de compra o alquiler de la vivienda haya experimentado en los cinco años anteriores a la declaración como área de mercado de vivienda tensionado, un crecimiento acumulado al menos tres puntos porcentuales superior al crecimiento acumulado del índice de precios de consumo de la comunidad autónoma correspondiente.

Finalmente, la Ley contempla, entre las consecuencias más destacables de esta declaración, la posibilidad de regular el precio de los alquileres de viviendas, que deberán situarse en un rango previamente establecido en función de parámetros como el año de construcción, la superficie, la ubicación, etc., teniendo en cuenta que este rango deberá ser utilizado como referencia para establecer el importe de los nuevos contratos de alquiler, cuando la vivienda sea propiedad de las personas calificadas por la Ley como grandes tenedores y para las viviendas que se alquilen por primera vez en cinco años.