El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha aprobado, a través de su Junta de Gobierno, la apertura del proceso de licitación para adquirir 61 nuevas guaguas destinadas a la red de transporte público urbano. Esta operación supone una inyección económica de 29.661.470 euros y tiene como objetivo central la renovación del actual parque móvil hacia un modelo de movilidad más eficiente.

El grueso de esta adquisición, enmarcada en el plan de renovación sostenible del consistorio, estructura la compra en ocho lotes diferenciados por las características técnicas de los vehículos. La mayor partida corresponde a la tecnología híbrida, con un total de 40 unidades. De estas, 27 guaguas serán de tipo urbano con piso bajo y 12 metros de longitud. A ellas se suman seis vehículos suburbanos de entrada baja —cuatro de 11 metros y dos de 12 metros—, además de otras siete unidades articuladas de piso bajo que alcanzarán los 18 metros de largo.

La licitación también contempla la incorporación de 17 vehículos de motorización eléctrica, todos ellos de tipo urbano y piso bajo. Este bloque se divide en 11 guaguas de 12 metros de largo y seis unidades más compactas de 9,5 metros. Finalmente, el expediente de compra se completa con cuatro vehículos de combustión diésel, que se distribuirán en una guagua interurbana estándar de 11 metros y tres microbuses.

Desde la administración municipal, el alcalde José Manuel Bermúdez ha calificado esta inversión cercana a los 30 millones de euros como una medida estratégica para actualizar y mejorar la calidad del servicio público en el municipio. Por su parte, la concejal de Movilidad y Accesibilidad Universal, Evelyn Alonso, ha argumentado que esta ampliación de la flota respaldará las acciones dirigidas a optimizar las rutas, la puntualidad y las frecuencias, aportando vehículos adaptados a las exigencias operativas y medioambientales de la capital.

La adjudicación de los diferentes lotes se llevará a cabo mediante un procedimiento abierto. Para optar a la fabricación y suministro de las guaguas, las empresas interesadas deberán someterse a la evaluación de sus criterios de solvencia técnica, profesional, económica y financiera exigidos en los pliegos del contrato.