El Cabildo de Tenerife ha presentado su Plan Económico Financiero (PEF) 2025-2026, una hoja de ruta que, según la corporación insular, busca garantizar la continuidad de sus políticas y la inversión en áreas “prioritarias” para la isla, todo ello mientras se enfrenta a los desafíos de la disciplina fiscal estatal.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila (CC), defendió la solidez de las cuentas insulares, calificando el plan como “perfectamente asumible” y subrayando la “situación financiera solvente” de la institución. Dávila hizo hincapié en el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, que garantiza la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio y largo plazo. Según los datos aportados, el Cabildo registra una estabilidad presupuestaria de 33 millones de euros, un pago medio a proveedores de 10,50 días y un endeudamiento del 16,18%, muy por debajo del 110% permitido por el Estado.

Sin embargo, tal y como lo denunció ayer la oposición, el Cabildo ha reconocido una superación de la regla de gasto en 2024, un límite al crecimiento del gasto computable impuesto por la normativa fiscal. A pesar de esto, Dávila fue contundente al afirmar que esta actuación se ha llevado a cabo “con responsabilidad institucional y ambición política”, destinando los recursos a “lo urgente y lo importante”.

La presidenta insular reiteró que “el dinero del Cabildo de Tenerife se queda en Tenerife y no es para pagar la deuda de Cataluña o para que se quede en los bancos”, mientras explicó que entre las áreas destacadas de inversión se encuentran la vivienda pública, la emergencia hídrica, la recuperación ambiental tras el incendio forestal de 2023 (con 117 millones de euros invertidos), y la movilidad sostenible, con un incremento significativo en la flota de TITSA.

“Hemos actuado deliberadamente, sin comprometer la salud financiera del Cabildo y utilizando sus ahorros, dentro del marco legal permitido, y con una alta ejecución del presupuesto”, manifestó Dávila, quien añadió que estas políticas han contribuido a la mayor bajada del paro en Tenerife en los últimos 15 años.

El vicepresidente, Lope Afonso (PP), respaldó esta postura, argumentando que el incremento del gasto se debe a inversiones “esenciales” que, en un marco fiscal ordinario, serían consideradas “financieramente sostenibles” y “no deberían” haber computado a efectos del PEF. Afonso criticó la falta de unos Presupuestos Generales del Estado y de un marco estatal claro que clarifique la disciplina fiscal para las corporaciones locales, lo que “en este caso acaba por defecto computándose”.

El director insular de Hacienda, Juan Carlos Pérez Frías, encargado de presentar el plan, señaló que la decisión de incumplir la regla de gasto se ampara en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que permite esta acción con la aprobación de un PEF. Pérez Frías subrayó la inacción del Estado al no haber traspuesto aún la nueva normativa europea sobre gobernanza fiscal, ya en vigor en la Unión Europea, que permite una aplicación “más flexible y realista” de la regla de gasto. Esta situación, según Pérez Frías, obliga a las administraciones locales a tomar decisiones que, con una normativa europea actualizada, serían consideradas ordinarias.

Según los datos aportados, de los 101 millones de euros de remanente disponibles este año, el Cabildo ha anunciado que solo 33 millones se destinarán a la amortización de deuda, dejando 67 millones de euros para “inversiones y proyectos estratégicos” en la isla.