El presidente del CEST, Javier Cabrera, acompañado por miembros de la junta directiva, trasladó al subdelegado del Gobierno, Javier Plata, y a mandos de la Policía Nacional una preocupación creciente del sector empresarial: la venta ambulante ilegal se ha disparado en las principales zonas turísticas del sur de Tenerife, como la Milla de Oro, Playa de las Vistas o Playa Fañabé, generando problemas de seguridad, competencia desleal y deterioro de la experiencia del visitante.
Cabrera explicó que la situación ha alcanzado niveles insostenibles y está teniendo un impacto directo en la imagen del destino. “No se puede hablar de excelencia turística mientras se permite la ocupación descontrolada del espacio público”, advirtió. Los empresarios insisten en que esta actividad no solo afecta a comercios y hostelería, sino que también disuade inversiones y resta valor a los esfuerzos de modernización del entorno. “Las inversiones millonarias en aceras más amplias o zonas peatonales pierden todo su sentido si luego esas áreas quedan invadidas por la venta ilegal”, añadió.
Desde el CEST se reconoció el importante trabajo de la Guardia Civil, que ha logrado desarticular redes de falsificaciones, esclarecer robos y frenar otras actividades ilícitas. También se destacó la presencia constante de la Policía Nacional, cuya labor resulta fundamental para mantener el orden en áreas de alta afluencia turística.
Sin embargo, durante el encuentro se abordó un punto clave: el deslinde de competencias. La Subdelegación del Gobierno recordó que, en materia de venta ambulante, la responsabilidad operativa recae principalmente en las policías locales de Arona y Adeje. Por ello, Cabrera subrayó la necesidad urgente de reforzar la cooperación entre los tres cuerpos de seguridad. “Policía Nacional y policías locales operan en el mismo espacio. Si no hay coordinación real y efectiva, el sistema se resiente y la venta ilegal sigue creciendo”, remarcó.
Los empresarios alertaron de que la ocupación del espacio público por vendedores irregulares ha alcanzado cifras récord, generando sensación de desorden y afectando directamente a la seguridad de residentes, turistas y trabajadores. El problema ya no es puntual, sino estructural.
Llamamiento urgente a los ayuntamientos
El CEST lanzó un mensaje claro a los consistorios: es imprescindible que, a través de sus cuerpos de policía local, se garantice un espacio público seguro, ordenado y libre de actividades ilegales. La protección del tejido empresarial y de la imagen turística del Sur de Tenerife depende de ello.
Finalmente, desde la Subdelegación del Gobierno se trasladó al CEST la voluntad de reforzar la colaboración con el sector empresarial y mantener la coordinación institucional como una herramienta clave para luchar de forma eficiente contra estas actividades ilícitas.
