Representantes de Sindicalistas de Base de Canarias (SBC) y de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (ASHOTEL) se reunieron el pasado miércoles con el alcalde de Adeje, Miguel Rodríguez Fraga, para exponer el grave problema de acceso a la vivienda de las personas trabajadoras del sector turístico en la isla, que puede afectar al funcionamiento y la competitividad del sector.
Según explicaron los sindicalistas y los empresarios, la proliferación de la vivienda vacacional en las zonas turísticas ha provocado un aumento desorbitado de los precios del alquiler, lo que dificulta que las personas trabajadoras puedan encontrar una vivienda digna y asequible cerca de sus lugares de trabajo. Esto supone un desplazamiento forzoso a otras zonas más alejadas, con el consiguiente problema de movilidad y transporte.
Además, esta situación genera un estrés y una ansiedad en las personas trabajadoras que se refleja en un alto índice de absentismo laboral por enfermedades o lesiones relacionadas con el trabajo. Según datos de la Comisión Paritaria del seguimiento al absentismo del Convenio de Hostelería, el porcentaje de absentismo laboral en el sector turístico alcanza el 20%, lo que supone un grave problema para las empresas, que tienen dificultades para cubrir sus plantillas y mantener la calidad del servicio.
Ante esta realidad, SBC y ASHOTEL solicitaron al alcalde de Adeje que estudie la posibilidad de reclasificar suelo en el municipio para destinarlo a la construcción de vivienda regulada para alquiler social, dirigida a las personas trabajadoras del sector turístico. El alcalde se comprometió a analizar esta propuesta y a buscar soluciones conjuntas con los agentes sociales.
Esta reunión se enmarca dentro de una ronda de contactos que SBC y ASHOTEL están manteniendo con los ayuntamientos de las zonas turísticas de la provincia, ante la falta de respuesta de la Federación Canaria de Municipios (FECAM), a la que solicitaron una reunión en octubre de 2022 para abordar este asunto.
Según los sindicalistas y los empresarios, es urgente desarrollar una política de vivienda social en los municipios turísticos para evitar el colapso del sector y garantizar el bienestar de las personas trabajadoras.