En un esfuerzo por abordar una situación preocupante y urgente, la Federación Provincial de Empresarios de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (FEPECO) ha pedido públicamente que los contratos públicos en Canarias salgan a licitación con una revisión de precios ajustada a la realidad.
Esta demanda surge ante la persistente problemática de las licitaciones de obras públicas que quedan desiertas en la región debido a la falta de actualización de precios, lo que resulta en graves perjuicios para la sociedad y obstaculiza la ejecución de proyectos esenciales y demandados.
En la sede de FEPECO, la patronal de la industria de la construcción, se llevó a cabo una Jornada Profesional en colaboración con el despacho Garrigues, centrada en “La revisión de precios de los contratos del sector público ante la situación extraordinaria actual”. Esta jornada contó con una notable asistencia de empresas constructoras y de servicios que comprenden la importancia y la urgencia del tema.
El presidente ejecutivo de FEPECO, Óscar Izquierdo, inauguró el evento subrayando los serios problemas derivados del incremento extraordinario de costes y las dificultades para actualizar los precios de los contratos. La situación actual ha provocado una situación complicada para las empresas del sector, y es fundamental abordarla para asegurar la viabilidad y ejecución de las obras públicas necesarias en la región.
Uno de los aspectos destacados durante la jornada fue la presencia de Antonio Viñuelas, socio responsable de Garrigues en Canarias, quien agradeció la invitación y resaltó la especialización de Garrigues en brindar asesoramiento en temas relacionados con contratos del sector público y sus revisiones.
Fernando Tejedor, Abogado del Estado en excedencia y Counsel del Departamento de Derecho Administrativo, expresó su preocupación por la actual situación de los contratos públicos y su adecuación a la realidad del mercado.
Advertió sobre el riesgo de que los precios pactados no sean adecuados para cumplir con los contratos, lo que podría desnaturalizar el carácter oneroso de estos acuerdos y romper los principios fundamentales de libre competencia, igualdad y concurrencia que deberían regir todo proceso de licitación. Esto se agrava por la escasa participación de empresas en las licitaciones, lo que indica la gravedad del problema en la región.
Ante la falta de una respuesta legislativa adecuada, Fernando Tejedor considera que incluso el legislador ha dejado de lado el hecho de que la economía de los contratos ha sufrido cambios radicales e imprevisibles, y esto va más allá del riesgo habitual que puede enfrentar el contratista. Se plantea la necesidad de valorar caso por caso la posible aplicación de la teoría del riesgo imprevisible para abordar las situaciones excepcionales que han alterado la economía de los contratos.
El Catedrático de Derecho Administrativo y of Counsel de J&A Garrigues, Javier García Luengo, presentó otra opción para la revisión de los precios y, por ende, para mitigar la desviación del equilibrio contractual. Sugiere la posibilidad de solicitar una modificación del contrato debido a circunstancias sobrevenidas. Sin embargo, para que esto sea viable, se resalta la importancia de una adecuada prueba del impacto negativo que las circunstancias imprevistas han tenido en la relación contractual.
Asimismo, destaca la necesidad de un asesoramiento apropiado, especialmente en lo que respecta a demostrar el desequilibrio del contrato causado por un aumento significativo de la onerosidad debido a circunstancias extraordinarias e imprevistas, independientes de la razonabilidad.
