El acceso a una vivienda digna, uno de los problemas sociales más acuciantes de la actualidad canaria, se topa con un muro infranqueable: la parálisis administrativa de los ayuntamientos. Así lo ha denunciado con contundencia la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (FEPECO), que señala bajo este escenario a los alcaldes y alcaldesas como “protagonistas involuntarios”, o peor aún, “quizás en los responsables directos” de los retrasos que, en muchos casos, superan “en años” lo establecido por la ley, “sin que nadie, políticos o empleados públicos, asuman sus correspondientes responsabilidades”, impidiendo así que miles de familias puedan acceder a un hogar.
Óscar Izquierdo, presidente de FEPECO, ha lanzado un mensaje a los máximos responsables municipales, solicitando “compromiso responsable, gestión eficaz y fortaleza gubernativa” para agilizar la concesión de licencias. “Cada día de retraso significa familias sin casa, jóvenes obligados a marcharse fuera buscando el futuro que aquí se les cercena y empresas que pierden oportunidades”, declaró Izquierdo.
Expedientes “dormidos en cajones”
FEPECO argumenta que las dificultades no provienen de la falta de promotores, constructoras o la ausencia de demanda, sino de una administración local bloqueada. Denuncian la existencia de expedientes que “se duermen en los cajones u ordenadores municipales durante meses, aunque ya tenemos que decir desde hace años”, normativas contradictorias y exigencias burocráticas que encarecen los proyectos, eleva el precio final de la vivienda, desespera a los ciudadanos necesitados de un hogar y afecta a los promotores, frenando además la creación de empleo en el sector. Recordando así, que “la construcción de viviendas depende en gran medida de la agilidad de los ayuntamientos”.
Fin a las excusas
Izquierdo pide a los regidores municipales que dejen de excusarse “siempre en la falta de medios o en la complejidad legal” y asuman su papel de autoridad. “Tienen la responsabilidad de organizar sus administraciones, dotarlas de personal, simplificar los procedimientos y, sobre todo, gobernar, que significa mandar”, subrayó.
El presidente de los constructores tinerfeños hizo un llamamiento a la valentía política: “Se necesitan alcaldes o alcaldesas valientes, con brío, asumiendo su papel de autoridad municipal, como garantes del derecho a la vivienda, que sepan dirigir, regir y administrar, obligando en su caso, a los empleados públicos a ser productivos, que es lo que les toca hacer”, ha agregado.
La federación concluye que el “verdadero culpable” de un proyecto atascado no es la ley, ni el promotor, ni la constructora, sino “el alcalde o alcaldesa que permite que la burocracia le gane la batalla y gobierne el ayuntamiento”. Una crítica frontal que pone el foco en la gestión municipal como el principal obstáculo para reactivar el sector de la construcción y dar respuesta a una necesidad social urgente.
