La Federación Sindical Canaria (FSC), integrada por los sindicatos FSOC y SBC, ha exigido al Parlamento de Canarias que apruebe “sin dilaciones ni sustituciones” la enmienda a la Ley de Ordenación del Turismo que obligaría a los establecimientos turísticos del archipiélago a instalar camas elevables mecanizadas y carros motorizados, como medida para prevenir daños a la salud de las camareras de pisos.

Daniel Casal Pardo, secretario general de la FSC, afirma que esta medida “es una reivindicación histórica de las camareras de pisos y una condición indispensable para la mejora real de sus condiciones laborales y de salud”. Según explica, la manipulación manual de camas pesadas y el arrastre de carros en condiciones adversas continúa siendo una de las principales causas de lesiones musculoesqueléticas en este colectivo. “Dotar a los hoteles de camas elevables no es un lujo ni una opción, sino una necesidad preventiva”, sostiene Pardo.

La organización sindical insta a los grupos parlamentarios a “actuar con responsabilidad” y a “no ceder a las presiones del lobby turístico”, con el objetivo de anteponer los derechos laborales y la salud de las trabajadoras frente a los intereses económicos del empresariado hostelero.

En ese mismo contexto, Pardo indica que la FSC ha solicitado al Gobierno de Canarias que se dirija al Estado para que las camareras de pisos sean reconocidas como un colectivo especialmente vulnerable, debido a las condiciones de penosidad y morbilidad que enfrentan, avaladas por estudios técnicos y médicos. “Ese reconocimiento permitiría facilitar el acceso a la jubilación anticipada por razón de trabajo especialmente penoso, tóxico o peligroso”, explica, haciendo referencia al artículo 206 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Además, desde la Federación reiteran la urgencia de una nueva Ley de Ordenación del Turismo en Canarias que establezca límites claros a la saturación turística, un fenómeno que —advierten— “está impactando gravemente en el territorio, los recursos naturales y la calidad de vida de la ciudadanía canaria”.

“La actual situación exige valentía política, responsabilidad institucional y una clara voluntad de anteponer los derechos de los trabajadores y la sostenibilidad del archipiélago frente a los intereses económicos del sector turístico”, concluye el secretario general de la FSC.

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