El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha propuesto, y el Consejo de Ministros ha aprobado, la asignación de 9.822.113 euros para Canarias con el objetivo de proteger a las familias y combatir la pobreza infantil.

Este martes, el Gobierno dio luz verde al acuerdo que permite la distribución territorial del crédito para financiar el programa de Protección a las Familias y la Atención a la Pobreza Infantil en 2024.

Este crédito, gestionado por el Ministerio a través de la Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales, asciende a casi 200 millones de euros (198.704.000 €) tras la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado.

Este monto será repartido y transferido a las Comunidades Autónomas, excepto País Vasco y Navarra, y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, quienes lo ejecutarán en base a sus competencias en servicios sociales.

El ministerio, bajo la dirección de Pablo Bustinduy, ha acordado con los gobiernos autonómicos la distribución de estos fondos y ha reiterado su compromiso de incrementar el presupuesto para este sector en los próximos años.

Pablo Bustinduy ha declarado: “Nuestra hoja de ruta es retomar el incremento en la financiación que inició el Gobierno de coalición en este ámbito”. El Ministro ha destacado la importancia de la cifra presupuestaria prorrogada, la más alta en esta área hasta la fecha.

Sin embargo, ha enfatizado la necesidad de seguir incrementando este presupuesto “para hacer frente a los retos que tiene nuestro país en la protección de las familias y de los niños y niñas”.

El acuerdo, que fue discutido previamente por el Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia el 17 de junio de 2024, ha sido autorizado por el Consejo de Ministros.

Una vez ratificado por el Gobierno de España, el acuerdo será devuelto al Consejo Territorial para su aprobación final y efectividad.

Tres programas que gestionan los gobiernos autonómicos Este crédito respalda tres programas esenciales para las Prestaciones Básicas de Servicios Sociales gestionados por los gobiernos autonómicos:

1. El primer programa, con un presupuesto de más de 108 millones de euros, asigna 5.301.939 euros a Canarias. Este programa financia proyectos de servicios sociales para desarrollar prestaciones básicas a nivel municipal, como ayuda a domicilio, alojamiento alternativo y prevención e inserción social.
2. El segundo programa, con una financiación de 65 millones de euros, asigna 3.322.174 euros a Canarias. Este programa se enfoca en la protección de la familia y la atención a la pobreza infantil, especialmente a las unidades familiares con menores a cargo que se encuentren en situación de privación material severa o riesgo de pobreza y exclusión social. Incluye una línea para cofinanciar proyectos de alimentación, ocio y cultura, y para garantizar la conciliación familiar durante las vacaciones escolares.
3. El tercer programa, con un presupuesto de 25 millones de euros, asigna 1.198.000 euros a Canarias. Este programa está destinado a fortalecer los equipos de atención primaria de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia. Su objetivo es cofinanciar proyectos que refuercen los servicios sociales para prevenir y detectar de manera temprana posibles riesgos de violencia hacia la infancia, en línea con lo establecido en la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia aprobada en 2021.

El Ministerio de Derechos Sociales ha establecido que la asignación territorial de los fondos se basa en varios criterios detallados en el acuerdo, incluyendo la población de cada territorio, su superficie y la tasa AROPE (que evalúa el riesgo de pobreza o exclusión).

Este año, debido a la extensión de los presupuestos, la propuesta de distribución territorial es la misma que la de 2023.

Pablo Bustinduy ha enfatizado que el objetivo de aumentar el presupuesto “trata de corregir la infrafinanciación histórica que ha tenido este sistema y que se vio agravada en la década pasada con los recortes”.

El ministro también ha recordado el compromiso necesario por parte de los gobiernos autonómicos de mantener su inversión en Servicios Sociales y ha instado a todas las administraciones y partidos a “una política de Estado que construya amplios consensos para blindar los recursos y evitar nuevos recortes”.