Este viernes 22 de noviembre, el Ayuntamiento de Arona celebró una sesión plenaria extraordinaria centrada en la aprobación de reconocimientos extrajudiciales de deudas pendientes desde el anterior mandato.
Estas deudas, que superan los 400.000 euros, están relacionadas con facturas impagas entre los años 2020 y 2023 y afectan a diversas áreas y organismos autónomos municipales.
El acuerdo de pago fue aprobado con los votos a favor del grupo de gobierno (PP, CC y MxA), mientras que el Grupo Mixto, representado únicamente por VOX en la sesión, y el Grupo Socialista, que fue el responsable de contraer estas obligaciones, se abstuvieron. Según se explicó desde el consistorio, estas deudas corresponden a servicios prestados durante el mandato socialista, pero que no fueron remunerados en su momento.
Con este pago, la administración aronera busca poner fin a una gran parte de la morosidad municipal que ha afectado a empresas de suministros, autónomos y medios de comunicación desde el anterior mandato.
La alcaldesa de Arona, Fátima Lemes, destacó que “es difícil hablar de apoyo a las empresas y al empleo, cuando el propio Ayuntamiento incumplió sus obligaciones de pago durante los años que gobernó el grupo socialista”. Además, Lemes expresó el compromiso del equipo de gobierno de “intentar que las empresas recobren la confianza en esta administración local”.
El pacto de gobierno justificó la aprobación de estos pagos “por responsabilidad”, subrayando que, aunque las deudas corresponden a otra etapa política, “estas deudas llevan lastrando durante años a empresas y trabajadores, mayoritariamente, del municipio”. A lo largo del presente mandato, el actual equipo de gobierno ha asumido el reconocimiento de deudas de etapas anteriores.
El equipo de gobierno subrayó que, aunque no es posible subsanar completamente los perjuicios sufridos por las empresas afectadas por el impago de facturas, algunas de las cuales se vieron obligadas a adelantar pagos de impuestos durante la crisis económica derivada de la pandemia de COVID, “tocaba poner fin a la injusticia que afectaba a cientos de empresas y profesionales que cumplieron con los encargos que se les encargó desde el Ayuntamiento, afrontando gastos en suministros y sueldos, así como en concepto de impuestos, y que llevan años esperando el pago de esos servicios, suministros y trabajos”.
