El CEST reclama al Gobierno de Canarias que en el nuevo convenio con el Estado la prioridad sean las carreteras tinerfeñas.

El presidente del Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur, Roberto Ucelay, propone que se invierta “en las carreteras de la Isla porque son las que tienen mayores índices de tráfico, siniestralidad y tiempos de desplazamiento”.

Los empresarios del Sur reclaman al Gobierno de Canarias que la firma del nuevo convenio de carreteras, con el Ejecutivo central, sirva para que se invierta “donde más falta hace y donde a más personas afectan los problemas”. El presidente del Círculo de Empresarios y Profesionales, Roberto Ucelay, ha afirmado que “con criterios e índices objetivos sobre la mesa es incuestionable que la prioridad deben ser las carreteras tinerfeñas, tanto la TF-1 como la TF-5”.

Según Ucelay, “absolutamente todos los datos avalan esta reivindicación”. “Tanto los índices medios de siniestralidad como los de desplazamientos en distancias cortas o congestiones nos llenan de razones para demandar que esta vez el convenio de carreteras se gestione por parte del Gobierno de Canarias partiendo de la premisa de que las de Tenerife deben atenderse en primer lugar”, ha recalcado el presidente del Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur.

En esta dirección, Roberto Ucelay ha apuntado que “Tenerife merece un mayor esfuerzo inversor respecto a otras Islas que en las últimas décadas se han beneficiado de una cantidad superior de recursos para completar o mejorar su red de carreteras”.

“El nuevo convenio de carreteras debe compensar el retraso en inversiones que parece Tenerife”, ha señalado. “Nos consta que desde el Cabildo se está presionando al Ejecutivo autonómico para que así sea, una demanda a la que se deben sumar ayuntamientos y responsables públicos sin distinción de siglas o color político”, señaló el presidente del CEST.

El Ministerio de Fomento ha anunciado recientemente que la firma del convenio de carreteras, inicialmente prevista para octubre, se retrasará hasta una fecha indeterminada de lo que resta de 2017.

Según recordó en sede parlamentaria el vicepresidente y consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, el acuerdo que entrará en vigor el 1 de enero de 2018 está previsto para doce años de vigencia, por una cantidad de 2.500 millones de euros para atender las principales necesidades del Archipiélago en esta materia. A esta cantidad se añadirá el coste de las carreteras que no se han terminado del convenio de carreteras todavía vigente, que concluye el 3 de diciembre del año en curso. En esta dirección, el consejero garantizó días atrás que el Ministerio ha mostrado su disposición para devolver las cantidades no transferidas del convenio actual.

Desde el CEST se ha recordado, además, que hay actuaciones como el tercer carril de la TF-1, el proyecto Chafiras-Oroteanda, los nuevos enlaces de Los Cristianos y Las Américas  o el cierre del anillo insular que a juicio de los empresarios “requieren impulsarse con urgencia para aliviar los enormes problemas de tráfico que padecen tanto los trabajadores como los turistas”. A juicio de Ucelay, Tenerife necesita que estos proyectos se redacten y tramiten con todos los informes preceptivos, declaraciones de impacto ambiental y demás requisitos.