En principio durará desde julio hasta final de agosto, sin descartarse que la situación prosiga mucho más allá del período estival.
Los empleados públicos, personal laboral, en la totalidad de los centros de trabajo adscritos al Ayuntamiento de San Miguel de Abona, iniciarán una huelga indefinida el próximo lunes, 5 de julio, ante “la falta de respeto constante por parte del Ayuntamiento hacia los derechos de todos los empleados, rompiendo con cualquier presunción de buena voluntad negocial, y sin que exista un atisbo real de solventar problemas de urgente solución para todos los empleados”. Durante el paro, los trabajadores se concentrarán cada lunes a las puertas del consistorio sanmiguelero.
Los motivos que alude el sindicato CSIF para haber llegado a este punto son de distinta índole: igualdad retributiva entre personal funcionario y personal laboral (a mismo trabajo igual remuneración); avance en las prestaciones sociales del personal laboral; el reconocimiento de lo estipulado en la Ley de Presupuestos Generales de la CCAA de Canarias de 2018 sobre la recuperación en casos de incapacidad temporal; derecho a disfrutar de una bolsa de vacaciones; y cumplimiento de un Plan Empleo prometido durante años en favor de todo el personal laboral del Ayuntamiento.
CSIF explica que la situación de la plantilla “se agrava por momentos debido a las represalias que están sufriendo algunos trabajadores por parte de la administración implicada ante la convocatoria de huelga”.
Desde el sindicato CSIF, antes de tomarse tal decisión se convocó asamblea de empleados para decidir tal medida, sin que ninguno de los empleados que asistieron a la misma votara en contra de lo que se entiende “es una falacia, pantomima o engañabobos del Ayuntamiento sobre nuestros derechos. Así mismo añaden que, “sí es verdad que el Ayuntamiento lleva años prometiendo que se va a solucionar nuestros problemas como empleados, pero no se ha cumplido con nada de lo prometido, mucho más allá de falsas promesas y el inicio de negociaciones en la que se demuestra que no existe intención real de la administración en llevar a cabo las reivindicaciones de todos nosotros”.
