La sentencia es firme y concierne en este caso a los funcionarios del Ayuntamiento de la Villa Histórica de Santiago del Teide.

Éxito judicial y sindical de CSIF en una denuncia que recoge que el ayuntamiento de la Villa Histórica de Santiago del Teide, debe abonar a sus empleados públicos, la paga extraordinaria del año 2012, la cual se retiró de manera “anómala” a todos los funcionarios.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, de Santiago del Teide ha recibido notificación del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 04 de Santa Cruz de Tenerife por el que reconoce, a los empleados públicos de este Ayuntamiento el Derecho al abono de la paga extra de Navidad, decretada por el Gobierno central en 2012.

Desde el colectivo de empleados públicos, especialmente el de la Policía Local agradecen enormemente el trabajo realizado por el abogado, Antonio Brito, quien ha sido el encargado de plantear la demanda y gracias al cual ya se han ganado ya varias sentencias relacionadas con temas de derechos laborales en otros instituciones de Canarias.

“Por otro lado aun quedan asuntos pendientes en este Ayuntamiento, como la aprobación de un calendario laboral anual, donde se recoja la jornada de trabajo y descansos pactados de todos los empleados públicos, el abono de los días festivos o la aprobación del cuadrante de vacaciones de los Funcionarios del Departamento de la Policía Local injustamente denegadas, por hechos, que en su mayoría achacables a la mala organización interna de esta Administración Publica. Desde CSIF, esperamos reconducir estas situaciones este viernes en la Mesa de Negociación, en la que estará presente este Sindicato, y la otra parte en conflicto, esperando sinceramente que ello sirva para volver a recuperar el buen clima sindical y laboral de antaño en el Ayuntamiento de Santiago del Teide”.

“Por esta razón de desde CSIF, queremos hacer un llamamiento a los dirigentes políticos al dialogo y a la negociación, evitando con ello tener que acudir a los Juzgados para que se reconozcan los derechos de los empleados públicos de este ayuntamiento, que vienen establecidos por ley y que solo suponen que el ayuntamiento tenga que gastar dinero publico, para pagar costas judiciales innecesarias por no haber resuelto estas cuestiones de manera amistosa, con los representantes sindicales, que son los competentes para ello”.